Los ciudadanos de a pie han perdido el derecho de circular libremente por calles y rutas de la Argentina. La colusión de funcionarios medrosos –cuando no cómplices–, de fiscales irresolutos (a veces ignorantes de sus deberes) y de movimientos sociales y políticos con claro propósito desestabilizador logró poner en pausa derechos elementales, secuestrados estos por quienes hacen de la prepotencia y del uso de la fuerza un ejercicio sistemático, impune y descarado.
No hay inocencia en esta táctica de impedir que quienes trabajan puedan desplazarse, o que los niños puedan llegar a las escuelas.
Los organizadores de este tipo de desmadres en la vía pública saben que cortar sólo media calzada, como indican las normas en caso de manifestaciones callejeras, tiene poco efecto, pero que la parálisis de la ciudad genera un costo elevado para el poder político. Al menos eso presumen, ante el silencio impotente de ese poder que ha decidido no mostrarse como tal, asumiendo su incapacidad de encarrilar el legítimo ejercicio de peticionar y manifestarse, que aquí se realiza violentando a quienes aún cumplen con sus responsabilidades.
Es la rara paradoja de que quienes trabajan y estudian son literalmente secuestrados por quienes no lo hacen y cobran subsidios aportados por los mismos a quienes se les impide el simple derecho de circular.
Claro está que existen leyes y normas, que las fuerzas del orden y los fiscales deberían actuar de oficio garantizando la media calzada. Pero nadie quiere asumir riesgo alguno, tal como el de que la fuerza pública complique las cosas, habida cuenta de que dicha fuerza está sumida en su propia crisis, ante la reiteración de hechos desafortunados que la han sumido en la desconfianza de la sociedad y del poder político.
No es menos cierto, sin embargo, que nuestra sociedad se desmigaja a velocidad creciente a partir del simple dato de que quienes incumplen normas y leyes ven magnificado su accionar por la pasividad de quienes deben velar por su cumplimiento de tales leyes y normas. Por ello, vale seguir insistiendo en que la anarquización de todo es un dato que nadie debería soslayar. Sin obviar que los reclamos legítimos vienen siendo tergiversados por quienes organizan la pobreza ajena en nombre de proyectos políticos tan vidriosos como arcaicos, cobrando peaje y pasando lista a quienes acaban por ser desocupados que trabajan cortando calles.
Veinte años de subsidios y planes sociales han acabado por destruir la cultura del trabajo, sin que nadie parezca reparar en que el resultado es la espiralización de la pobreza y el surgimiento de una lamentable camada de referentes que apuestan al crecimiento de dicho capital instalados en despachos oficiales, actores y parte de una tragedia cuyas víctimas son la República y la sociedad.
