Sólo 10 provincias accedieron a responder el requerimiento del fiscal Guillermo Marijuan sobre los respectivos beneficiarios del plan Potenciar Trabajo, ese que reciben 1,2 millones de argentinos con carencias.
El resultado de esos informes, por ahora parciales, ratifica lo que ya se sabía al respecto: controles laxos, impunidad, corrupción a pequeña escala que, en la suma total, deviene grosera e imperdonable.
Y, sobre todo, la certeza de que todo ello sucede porque enormes sectores de nuestra sociedad han internalizado que meter la mano en los bolsillos de la Nación tiene cierta legitimidad.
Por ahora son 8.535 incompatibilidades que surgen del entrecruzamiento de datos: cada uno de estos casos tiene por detrás a un empleado público, alguien con un empleo registrado de orden nacional, provincial o municipal que engrosa sus ingresos con el cobro de un plan, probablemente con la anuencia de algún puntero o funcionario.
Casi ni vale la pena citar el caso de Julio “Chocolate” Rigau para suponer la naturaleza del circuito repetido hasta el cansancio.
Curiosamente, los restantes 14 distritos que debían responder la requisitoria de la Justicia no lo hicieron.
Quizá para no estigmatizar a los beneficiarios flojos de papeles, en una rara muestra de comprensión hacia quienes se mueven en los márgenes de la ley.
Para abundar, debería recordarse que se necesitan dos para el tango; vale decir alguien que acepte la dádiva y alguno que la autorice, sin olvidar a los intermediarios que en nuestro país logran inflacionar hasta a las coimas.
En este punto, vale preguntarse quién controla todo esto, si es que se controla, cuando vastas organizaciones sociales se autofinancian cobrando a sus afiliados el peaje por mantenerlos en un listado, mientras a la vez ayudan al enriquecimiento de los funcionarios que firman sin hacer demasiadas preguntas.
Así, mezclados van los necesitados sin atenuantes que deben resignarse a formar parte del rebaño de dirigentes inescrupulosos, mientras los ciudadanos que aún pagan impuestos agobiantes se solidarizan por la fuerza con quienes los expolian.
Surgidos hace más de 30 años y multiplicados en la gestión de Eduardo Duhalde, para crecer sin prisa y sin pausa durante los 20 años posteriores, planes como el Potenciar Trabajo ya no son, en muchos casos, ni sombra de lo que alguna vez quisieron ser.
Y lucen hoy lo que ya no se puede disimular: una forma más de saqueo del Estado y una nueva burla a la pobreza congénita de tres generaciones de argentinos que no mendigan en el atrio de una iglesia sino en las puertas de los ministerios de Desarrollo Social.
Todo ello mientras se espera que alguien controle lo hasta ahora incontrolado.
