El jefe de Gabinete del Gobierno nacional, Santiago Cafiero, aseveró en estos días la sorprendente frase de que: “A nosotros no van a decirnos lo que son los derechos humanos”.
Fue esa la contraofensiva oficial para intentar reducir el irreparable daño ya producido por el caso Formosa y el duro pronunciamiento de Amnistía Internacional al respecto.
El tono y las palabras de Cafiero denotan lo que ya se sabe pero merece ser recordado: que los derechos humanos son en la Argentina lo que sus propietarios dicen que son.
Porque de eso se trata, al fin y al cabo: el atropello sistemático del gobierno de Gildo Insfrán a las libertades individuales y el Estado policíaco de la más retrasada de las provincias argentinas no merecen reproche alguno por parte de la máxima autoridad de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Este organismo montó una puesta en escena al solo efecto de exculpar al compañero Gildo, definido por el propio presidente Alberto Fernández como el mejor gobernador del país, mientras la comunidad wichi es ignorada, marginada y apaleada por las fuerzas del orden, reducida a la más estricta miseria en un territorio que recibe el 95 por ciento de sus recursos de la Nación sin rendir cuentas por nada.
No se trata de casualidades, sino de la reiteración de lo que comenzó a generarse allá por 2003, cuando Néstor Kirchner decidió ampliar su base de sustentación abrazando la bandera de los derechos humanos, para lo que sedujo a diversas organizaciones con fondos, puestos públicos y figuración, partidizando una causa que no merecía ser devaluada.
El resultado está a la vista: diversos organismos de voz tonante guardan un prudente silencio ante el caso Solange, de Córdoba, o el de la recientemente fallecida Abigail, en Santiago del Estero, o los graves sucesos de San Luis.
El caso de la comunidad wichi de Formosa es paradigmático: no existe etnia más relegada por parte de dichas organizaciones, esas mismas que explotaron y distorsionaron la muerte de Santiago Maldonado.
Los mapuches, según parece, son mucho más rentables en materia de tierra, madera, explotación del suelo y derechos de uso, como bien parece saberlo la dependencia que se ocupa de los asuntos aborígenes. Y casi parece innecesario decir que el Inadi no ve en lo de Formosa materia alguna de su competencia.
El hecho de que un millón y medio de niños y adolescentes se hayan caído del sistema educativo en la Argentina parece no tener vínculo alguno con los derechos humanos, motivo por el que nadie se pronuncia al respecto, dado la prudencia que impone el estar a ambos lados del mostrador y haber convertido a muchos organismos en gestores de planes de viviendas frustrados a un costo millonario y oficinas de empleo público.
Pero tal como se expresó el jefe de Gabinete hace unos días, ellos no necesitan que se les diga de qué se trata: los derechos humanos son lo que sus propietarios dicen que son, una manera simple de decir que muchos carecen de tales derechos. Es mejor ir tomando nota.
En esta misma línea crítica, el director de Human Rights Watch, José Manuel Vivanco, cuestionó los dichos de Cafiero, señalando que “expresión tan soberbia no ayuda a resolver las cuestiones de derechos humanos”.
