A través de diversos decretos, el Gobierno avanzó en los últimos 15 días en reglamentar parte de los 238 artículos contenidos en la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, número 27.742, y de la reforma impositiva, ambas sancionadas por el Congreso Nacional.
Mediante sendas normas se reglamentó el acceso y la permanencia en el empleo público, la reforma laboral, el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (Rigi) y la privatización de centrales hidroeléctricas.
En forma paralela, la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) avanzó en los contenidos referidos al blanqueo de capitales y la moratoria impositiva, así como en los cambios introducidos en el Impuesto sobre los Bienes Personales, en el monotributo y en el registro de los contratos de alquiler.
La administración de Javier Milei pretende avanzar rápidamente con los cambios señalados, con el objetivo de reactivar la economía, que acusó un fuerte retroceso en el primer semestre de este año.
Sin embargo, varios puntos de esas reglamentaciones merecieron observaciones de los actores afectados, o bien por parte de sectores industriales que podrían ser desplazados por grandes inversiones o por competencia desleal desde el exterior.
La venta del paquete accionario estatal en las represas hidroeléctricas Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila deja de lado la participación de las provincias de Río Negro y de Neuquén, con intereses en esos servicios.
Los mandatarios de ambos distritos reclaman al presidente Javier Milei que se escuchen sus posiciones, en beneficio de las poblaciones del sur argentino.
La Unión Industrial Argentina (UIA), a su vez, solicitó que haya una ley que beneficie la actividad de las pequeñas y medianas industrias, que deberán enfrentar millonarios proyectos bajo el amparo del Rigi.
Las grandes compañías de petróleo y de gas natural, de minería, de turismo, de infraestructura, de tecnología y de siderurgia, entre otras posibles radicaciones, deberían respetar un componente de producción local.
La demanda apunta también a que el ingreso de bienes y servicios para esas iniciativas no constituyan acciones de dumping; es decir, no tengan un precio de compra menor a aquel al cual se vende en el país de origen.
Los actores o las entidades afectadas en forma directa o indirecta por los distintos artículos de las mencionadas normas deben ser escuchados, para que la reglamentación favorezca el desarrollo de todos los sectores y las regiones. La caza de las inversiones que necesita la Argentina, para suplir años de estancamiento y de atraso tecnológico, no debe implicar la destrucción de miles de empresas que se mantuvieron en pie, pese a las sucesivas crisis económicas.
El Gobierno nacional debe acudir a la consulta y al consenso en la definición de aspectos que marcarán al país por varias décadas, al tiempo que deberá evitar incurrir en malas praxis del pasado, como las observadas en las privatizaciones de la década de 1990.
