Información de los últimos días da cuenta de que la Argentina es el país americano que mayor caída tuvo en un año en cuanto a libertad de expresión.
El dato surge de los informes que supervisa periódicamente la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
En general, los miembros de la SIP reunidos en la 77° Asamblea General de la organización no dejaron de expresar preocupación por el “entorno asfixiante” para la libertad de expresión en la región.
Esa problemática se agudiza por la tendencia cada vez más autoritaria de algunos gobiernos.
En cuanto a los extremos de posicionamiento de los países, Uruguay y Chile aparecen como los mejor valuados de la región en lo que se refiere a libertad de expresión, mientras que Cuba, Venezuela y Nicaragua cierran el ranking con datos realmente penosos.
En ese contexto, la caída de Argentina es preocupante, ya que en el período anual de medición bajó de 77,2% a 53,14% de valoración, un retroceso considerado “estrepitoso”, atribuido al deterioro derivado de la gestión política durante los largos meses de pandemia, a “ciberpatrullajes” y acoso judicial a periodistas.
El diagnóstico de la SIP también considera entre las causantes del deterioro la crisis política generada en el oficialismo tras las primarias abiertas de setiembre.
Esta postura crítica que surgió en la asamblea de la SIP fue ratificada por la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) en su nueva asamblea anual.
En el informe semestral de libertad de prensa la entidad indico que “la intolerancia, la desinformación y la polarización minan las libertades”.
Se hizo referencia, además a “descalificaciones que alteran las libertades necesarias para ejercer adecuadamente el oficio periodístico”.
Puntualmente se detuvo el informe en la velada amenaza del ministro de Seguridad de la Nación contra el dibujante Nik a través de una red social sin que se hubiese expresado sobre el tema el presidente de la Nación.
También se hizo referencia a distintos discursos de funcionarios del oficialismo efectuados públicamente y sin ningún tipo de límite, como el del intendente de José C. Paz, Mario Ishii, que imaginó y pronosticó un levantamiento popular contra los medios de comunicación que son críticos con el Gobierno.
Según Adepa, el deterioro del nivel de libertad de prensa en nuestro país también debe atribuirse al incremento del acoso judicial a periodistas que investigan hechos vinculados con la corrupción en la función pública.
En el informe también se dedica un espacio a lo que la organización de entidades periodísticas considera un inequitativo reparto de la publicidad del Estado nacional en los meses de pandemia más difíciles, en perjuicio de medios de comprobada audiencia, pero posiblemente críticos con la gestión oficial.
El citado contexto no deja de alertar sobre los riesgos y tentaciones siempre latentes en el país para incidir desde el poder en la función de orientación de la opinión pública que ejerce el periodismo.
La apuesta debe tender a mejorar nuevamente los índices que surgieron en el último informe de la SIP.
La Argentina debe volver a ser un país confiable por el respeto a las libertades.
La labor independiente de la prensa es fundamental para ello.
