El presidente de la Nación, Javier Milei, planteó a la ciudadanía la necesidad de encarar una amplia desregulación de la economía como punto de partida para una gran lista de reformas que prometió en la campaña electoral y que ahora espera implementar.
La declaración de emergencia durante dos años y el haber recurrido a la firma y presentación de un muy extenso decreto de necesidad y urgencia (DNU) para instalar sus iniciativas parece continuar las medidas iniciales de ajuste anunciadas a poco de asumir por el ministro de Economía, Luis Caputo.
Con el reciente DNU busca lograr el titular del Poder Ejecutivo Nacional una considerable reducción del tamaño del Estado y de los déficits en las cuentas públicas. Argumentó el Presidente en el mensaje difundido a la población por cadena nacional que se trata de una oportunidad histórica para que el país intente revertir un largo período de estancamiento económico, con inflación muy elevada y aumento de la pobreza. Estos dos últimos aspectos constituyen el mayor flagelo para la ciudadanía y la gran cuenta pendiente de cuatro décadas de vida democrática.
En general, el empresariado se mostró satisfecho con los anuncios y el contenido del DNU, entendiendo que se está respondiendo a un reclamo de cambios, profundizados en los últimos años, como consecuencia de las regulaciones impuestas por la gestión que acaba de finalizar.
Destacados empresarios coincidieron en considerar que se están adoptando medidas que alejen al sector privado de indebidas y excesivas injerencias del Estado, como controles de precios o presión tributaria.
Obviamente, dichas correcciones deben repercutir en una mayor cantidad de inversiones productivas, mayor empleo privado y aumento de las exportaciones, aspectos salientes para intentar reposicionar a la Argentina como un país confiable.
Sin embargo, el ímpetu reformista del Gobierno y la favorable expectativa empresaria encuentran un límite en la cautelosa postura adoptada por políticos no oficialistas y personas del derecho con respecto a la constitucionalidad del decreto presidencial.
Hay que tener en cuenta que el DNU no determina la fecha de entrada en vigencia de las medidas en él contenidas, por lo que automáticamente lo hará a partir del octavo día desde su publicación oficial. También hay un plazo corto para que la iniciativa sea enviada a la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, del Congreso, para que ésta emita el dictamen correspondiente, comisión que no está conformada aún en virtud del cambio de gobierno y de la renovación parlamentaria reciente.
Sin desmerecer las medidas que promueve el Poder Ejecutivo, e incluso reconociendo en algunos casos la necesidad de las mismas, destacados constitucionalistas han coincidido en advertir que el procedimiento elegido por el Poder Ejecutivo puede confrontar con lo que determina la Constitución Nacional en cuanto a las atribuciones derivadas de la división de poderes. En efecto, deja aclarado la norma suprema de la Nación que no debe el Ejecutivo adquirir funciones que son propias de otros poderes, en este caso del Legislativo.
Al margen de las diferencias políticas, distintas voces del Congreso comenzaron a sugerir que el contenido del actual megadecreto sea separado por el Gobierno en proyectos de ley para su correspondiente abordaje legislativo, evitando de ese modo posibles planteo de inconstitucionalidad posteriores. Queda a criterio de las nuevas autoridades contemplar y aceptar dicha posibilidad.
Por lo tanto, sería oportuno que el Poder Ejecutivo y el Congreso tendieran puentes para lograr acercar posiciones, ante la posibilidad de que las diferencias sean no tanto de fondo sino de forma. Así podrán avanzar en un marco de respeto medidas que, a no dudarlo, necesita la Argentina que sean implementadas.
