Un hilo en común subyace en las protestas sociales, en muchas ocasiones con graves hechos de violencia que sacuden a Latinoamérica desde hace un año, aproximadamente.
El 28 de abril de 2021 comenzaron las primeras manifestaciones en Colombia contra la reforma impositiva que alentaba el Gobierno de ese país para cubrir el déficit fiscal provocado por la pandemia de Covid-19.
Chile había vivido un estallido social en octubre de 2019. Al cumplirse dos años de esas multitudinarias manifestaciones, hubo otra vez marchas, al no haberse cumplimentado los reclamos de la revuelta social, iniciada por el aumento de los precios en el transporte metropolitano.
Perú no es ajeno a las protestas sociales, fundadas en distintas razones, que llevaron al país a contar con cinco presidentes en los últimos seis años. Ahora está nuevamente convulsionado a partir del aumento de los combustibles. La escalada de la inflación y las idas y vueltas del presidente Pedro Castillo en sus decisiones.
En Argentina, familias que integran los grupos más vulnerables –alentados por organizaciones políticas– ocupan casi todas las semanas las principales calles de las ciudades para reclamar un aumento en el número de planes sociales y en sus montos.
En líneas generales, la protesta social en América latina obedece a la menor actividad que se produjo a partir de la pandemia, la pérdida de puestos de trabajo y la inflación global que se disparó por la invasión de Rusia a Ucrania.
Para corregir la situación, los sucesivos gobiernos de los distintos países oscilan entre propuestas liberales que procuran alentar la radicación de capitales y mayor producción, a un socialismo teñido en muchos casos de populismo, que intenta equilibrar la distribución de riqueza.
La sucesión de administraciones de distintos signos políticos no logró acordar políticas básicas de Estado ni cuál debe ser el rol de los gobiernos para alcanzar el equilibrio fiscal y evitar así los aumentos intempestivos de impuestos en los servicios públicos.
Esa falta de consensos también alcanza a nuestro país, que encaró en los últimos meses recetas voluntaristas para contener la disparada de la inflación, en especial de los alimentos.
Argentina tampoco tiene una política permanente para la exploración y explotación de los hidrocarburos, ya que osciló entre el estatismo y la iniciativa privada. Las inversiones de capitales nacionales y extranjeros han sido desalentadas por la fijación de precios que no respetan el esquema de costos ni los valores internacionales, que son hoy referencia para la producción de combustibles y de alimentos basados en los granos.
Las organizaciones políticas y sociales de la región necesitan alcanzar acuerdos básicos y un modelo de desarrollo sustentable en un mundo cada vez más interrelacionado. No sólo en los precios sino también en la producción, la investigación y el desarrollo de bienes y servicios.
Las protestas sociales seguirán siendo un hilo en común en Latinoamérica si no se avanza en consensos mínimos sobre el rol del Estado; sobre la necesidad de equilibrio fiscal, ponderada recientemente por el presidente chileno Gabriel Boric, de orientación de izquierda; sobre los desafíos del empleo y respecto del aliento a una mayor producción para evitar la suba desmedida de precios.
