Más de una vez, desde su implementación, las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) fueron objeto de planteos sobre su efectividad, tanto de la sociedad en general como de la propia dirigencia política.
El principal fundamento para la creación de estas elecciones fue la participación de la ciudadanía para resolver las disputas internas de los partidos o alianzas, de modo de dar un salto de calidad en el sistema de selección de candidatos, dominado por el internismo de los dirigentes. Pero esta exigencia pocas veces se cumplió y, por lo tanto, las PASO fueron una suerte de gran encuesta previa a las elecciones generales porque la componenda dirigencial terminó imponiendo listas únicas de precandidatos. Ocurrió, sin excepción, en la totalidad de partidos o coaliciones.
Esta anomalía, que resulta muy cara para los argentinos, porque el Estado debe costear elecciones que no definen nada y sólo sirven como sondeos de opinión, merece un debate serio de la dirigencia a través del Congreso de la Nación para llegar a una conclusión sobre la conveniencia o no del mantenimiento dichas elecciones o, en su defecto, la búsqueda de su perfeccionamiento.
Ese escenario es el que se presenta en estos momentos en nuestro país. La Cámara Nacional Electoral confirmó el cronograma electoral de este año, que prevé las PASO el domingo 8 de agosto y las elecciones generales, las “verdaderas”, el domingo 24 de octubre. Se ratificó así el calendario previsto con anterioridad. Sin embargo, no hay ninguna certeza sobre la realización de las PASO. El presidente de la Nación, en coincidencia con gobernadores del norte del país, tanto del Frente de Todos como de Juntos por el Cambio, volvió a poner en duda la conveniencia de dicha convocatoria electoral con el argumento de la situación sanitaria por la pandemia. Y, también en sintonía con lo que piensan los gobernadores norteños, consideró el primer mandatario que los recursos que se vuelcan en las PASO podrían derivarse al costo de la emergencia, incluyendo la adquisición de vacunas.
Lo grave es que la opinión presidencial no es excluyente. Hay diferencias de criterio en el propio oficialismo nacional sobre la suspensión, o no, de las primarias de este año, lo que torna más confuso el panorama y echa a rodar miles especulaciones de índole interna partidaria.
En efecto, el debate sobre una eventual suspensión debe darse en el Congreso, puesto que se requiere modificar la ley electoral nacional para llevar a cabo la pretendida suspensión.
¿Habrá consenso, primero entre los integrantes del oficialista Frente de Todos y luego con la oposición? Nadie puede vaticinarlo. Pero, la decisión requiere de cierta urgencia, porque el cierre del padrón provisorio, de acuerdo con el esquema que confirmó la Cámara Nacional Electoral, será el 27 de abril.
Esta total falta de seriedad sobre una parte del sistema electoral nacional, como son las PASO, es otro paso en contra de la calidad institucional que requiere fortalecer la Argentina.
