Hace pocos días, el jefe de gobierno de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, quedó en el centro de una inédita discusión en su partido, al anunciar el cronograma y el mecanismo electoral de su distrito. Las degradantes calificaciones que los más encumbrados dirigentes del PRO habían usado hasta aquí para referirse al kirchnerismo ahora apuntan a uno de los fundadores de ese espacio político.
Se lo acusa, por ejemplo, de cambiar las reglas del proceso electoral en plena etapa de elecciones y de hacerlo para privilegiar su precandidatura presidencial, lo que daría cuenta de su personalismo y su ambición de poder, todo lo cual traiciona los valores de su partido.
María Eugenia Vidal lo acusó de ir en contra del PRO. Mauricio Macri, además de darle la razón a Vidal, dijo sentirse desilusionado. Patricia Bullrich, quien también compite por alcanzar la candidatura presidencial de Juntos por el Cambio, exhibió pruebas que mostrarían un doble discurso por parte de Rodríguez Larreta.
Si bien se mira, todo lo que hizo el jefe de gobierno fue cumplir con la ley, que establece que quien ejerce el Poder Ejecutivo tiene la potestad de fijar el calendario electoral y el mecanismo que se usará en los comicios, que incluyen el sistema de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias.
Rodríguez Larreta, por un lado, tomó como referencia las fechas de las elecciones nacionales; por el otro, anunció un mecanismo diferente para la elección distrital que había sido aprobado en 2018 y luego fue dejado de lado.
Así, los porteños tendrán dos elecciones distintas el mismo día: en una urna, votarán las autoridades nacionales con lista sábana, como lo dice la ley federal; en otra urna, votarán las autoridades locales con boleta única electrónica, como manda la ley del distrito.
De esta manera, los candidatos presidenciales no traccionarán a los distritales.
No habría “efecto arrastre”. El ciudadano puede discriminar ambos niveles y votar en ambos con perfecta autonomía.
¿Dónde está la “traición” de Rodríguez Larreta?
Si ambas elecciones fueran conjuntas, como los principales precandidatos a presidente son del PRO, quien fue el precandidato a jefe de gobierno por esa fuerza se beneficiaría en la primaria frente a sus adversarios. Como ese beneficio ha sido neutralizado, sus críticos sostienen que ha perjudicado al partido.
Lo que subyace en este razonamiento es sintomático de los problemas que imposibilitan un ordenamiento político serio, verdaderamente democrático y republicano entre nosotros: por un lado, se está defendiendo que a las fechas de las elecciones y al mecanismo electoral los defina quien gobierna, porque de esa manera el oficialismo se garantiza que puede inclinar la cancha a su favor; y por otro, implícitamente se postula que es la política la que debe dominar tanto la norma como su interpretación, de modo que resulta un absurdo pretender que la norma domine a la política.
En realidad, lo correcto es que sean las leyes y no quienes gobiernan las que deben determinar las fechas y los mecanismos de las elecciones, que además deben estar en la órbita de un tribunal o de un instituto específico, para que no interfiera ningún competidor.
Eso vale tanto para la Capital Federal, como para Mendoza, como para to el resto de la Argentina. Las instituciones son más importantes que los hombres que las ocupan.
