Diputados y senadores de las dos coaliciones políticas más importantes del Congreso nacional acordaron con el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur impulsar una declaración favorable a la visión argentina en la cuestión Malvinas. El pronunciamiento fue debatido en el marco del Parlamento Latino y Caribeño, que sesionó en Panamá pocos días atrás, y el resultado fue un apoyo unánime al reclamo por la soberanía y un pedido al Reino Unido para hallar una solución pacífica a la controversia.
La delegación nacional estuvo integrada por diputados y senadores del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio, además de funcionarios del Gobierno. Nadie del oficialismo habló mal de la oposición, y viceversa. Hasta en los detalles más simbólicos, entonces, la gestión fue conjunta, respetando los protocolos de rigor. Y fue un éxito: se obtuvo otro llamado de la comunidad internacional a favor de que Argentina y el Reino Unido reanuden el diálogo y las consiguientes negociaciones para encontrar una solución que satisfaga a ambas partes.
El país reivindica la resolución 2.065 de Naciones Unidas, que insta a la Argentina y el Reino Unido a encontrar una solución pacífica a la controversia por las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y espacios marítimos circundantes, teniendo en cuenta los intereses de los habitantes actuales de esos territorios pero sin el principio de la libre determinación.
Esa resolución, de 1965, contuvo el diálogo a lo largo de una década y produjo algunos avances. Todo se interrumpió, como es lógico, con la bravuconada de la dictadura militar de invadir Malvinas en abril de 1982.
La iniciativa conjunta de oficialismo y la oposición corrobora que ciertas políticas pueden acordarse y asumirse por la vía del consenso, que siempre es preferible para buscar las soluciones a nuestros problemas, antes que la vía de la grieta.
Alguien podría contrargumentar que, al fin y al cabo, las dos coaliciones no hicieron nada del otro mundo, sino que se ajustaron a un mínimo común para impulsar, además, una mera declaración política que en nada obliga, en realidad, a las partes.
A esto se podría responder que ese diagnóstico no es errado. Lo que ocurre, por un lado, es que ese mínimo común no se alcanza casi nunca. Si se lo hubiese aplicado a la negociación con el FMI, por ejemplo, o a la fallida sanción del presupuesto anual, otros hubieran sido los resultados. Si sirviera de base para establecer una política de relaciones internacionales, la posición del país en los últimos años no habría sido tan errática.
Por otro lado, nadie en el mundo vetará a quien promueva el diálogo. Y cuantos más foros se expresen en ese sentido, la convocatoria a la negociación ejercerá mayor presión. Se trate de una controversia como la de Malvinas, se trate de un tratado de libre comercio o de cualquier otra iniciativa.
El punto clave es que nadie creerá que estamos a favor del diálogo si nuestra dirigencia política no lo practica a diario.
