La Argentina celebra en estos meses los 40 años de la reapertura democrática.
Mañana se recuerda el histórico 30 de octubre de 1983, día en el que la ciudadanía, con su voto, les devolvió la confianza a sus dirigentes políticos. Comenzaba la transición hacia el 10 de diciembre, día de la asunción del doctor Raúl Alfonsín.
Lamentablemente, la celebración de cuatro décadas de vida democrática se ve opacaba por una nueva crisis que afecta muy seriamente en lo económico y social a un amplio porcentaje de los argentinos.
La pobreza es humillante y su avance, casi descontrolado.
Es, sin ninguna duda, la mayor deuda que la política, en nombre de la democracia, tiene con el pueblo argentino.
En ese contexto, el país se encuentra inmerso en un tenso y prolongado proceso electoral que debe concluir, el 19 de noviembre, con la segunda vuelta de la elección presidencial.
Competirán dos opciones políticas de amplio antagonismo, con el agravante de que una de ellas, la del oficialismo, es en gran medida responsable del actual cuadro de situación: Sergio Massa es desde hace más de un año el ministro de Economía.
Por su parte, Javier Milei, su competidor, basó su propuesta en la promesa de medidas extremas con las que sedujo a su electorado, pero que en algunos casos generan dudas en cuanto a la implementación.
De todos modos, hay un atenuante importante que debería apreciarse: el rol del Congreso Nacional.
La conformación que tendrá a partir del 10 de diciembre va en sintonía con los porcentajes que obtuvieron los candidatos al balotaje en la reciente primera vuelta.
Si bien quien gane la presidencia en noviembre deberá superar el 50% de los votos, la distribución de cargos legislativos se verá reflejada en gran medida en el 36% y 30% que obtuvieron Sergio Massa y Javier Milei, respectivamente, en la elección del domingo pasado.
A ello hay que sumarles otros espacios opositores representativos de quienes no accedieron a la segunda vuelta.
Es por ello que gran parte del poder transitará por el Congreso Nacional. El nuevo presidente no podrá atribuirse la posesión de un cheque en blanco para hacer lo que pretenda, independientemente de que la enorme demanda social de mejoras pueda inducir a la adopción de medidas de emergencia.
El gran protagonismo lo debería tener el Congreso Nacional, ya que toda iniciativa de trascendencia requerirá de un debate profundo.
Queda claro, por lo tanto, que ningún dirigente llamado a ser presidente de la Nación desde diciembre podrá hacer un uso abusivo de sus atribuciones.
La delicada situación del país hace imprescindible un llamado al diálogo para procurar encontrar la mejor solución posible.
Es de esperar que, una vez superadas las actuales diferencias que traslucieron entre sectores de la oposición a raíz de los resultados de la primera vuelta, prevalezca la templanza que lleve a nuestros parlamentarios a lograr el equilibrio político que la emergencia que vive el país necesita tanto.
De lo contrario, la transición hasta el 10 de diciembre y el nuevo período institucional que ese día comienza pueden defraudar fundadas expectativas de cambio y mejoras que la población reclama.
