La crítica situación económica que atravesamos tiene un aspecto político al que no se le presta atención.
Es habitual que al hablar de inflación, déficit fiscal, devaluación, caída de las reservas del Banco Central, pérdida del poder adquisitivo del salario, etcétera, analicemos el accionar de las autoridades nacionales.
¿Qué decisiones toman y cuáles posponen? ¿Cuál es la lógica que las determina? ¿Están bien encaminadas? ¿Dan cuenta de un programa que, como tal, se proyecta sobre el mediano y el largo plazo, o bien se trata, apenas, y lamentablemente, de medidas coyunturales?
Son las preguntas básicas que, de algún modo, guían la discusión entre quienes se posicionan a favor del Gobierno y quienes manifiestan su escepticismo o directamente su oposición.
El problema político sobre el que debiéramos reflexionar es que no contamos con alternativas.
En otras palabras, no sabemos qué harían las otras fuerzas políticas con la economía si estuvieran en el poder.
La interna del propio oficialismo, de la que tanto se habla, nos aporta un primer ejemplo.
El kirchnerismo, autoproclamado el socio más importante de la coalición gobernante, se opone ostensiblemente a las medidas del presidente Alberto Fernández y el ministro Guzmán. Pero no esboza ninguna alternativa concreta. Le gustan las frases grandilocuentes que apelan a los lugares comunes de la retórica “nacional y popular”, pero con ellas no se diagrama un rumbo económico.
El massismo, como intenta mediar entre el kirchnerismo y el albertismo, al mismo tiempo que procura emitir guiños a la oposición, prefiere no hablar públicamente de la cuestión, así evita tener que dar explicaciones en privado.
El peronismo de los gobernadores, finalmente, si se lo puede considerar un cuarto actor del oficialismo, ha demostrado ser tan activo a la hora de la queja y el reclamo como pasivo si se trata de generar propuestas.
En la principal coalición opositora, se podría decir que la situación es acaso peor.
Si se revisan las más recientes declaraciones de casi todos sus principales protagonistas, sobre todo las de quienes intentan posicionarse como probables precandidatos presidenciales, se advierte una inquietante coincidencia: han expresado la imperiosa necesidad de que Juntos por el Cambio acuerde cuanto antes el programa económico que llevarían adelante si ganasen las elecciones del próximo año.
Es una indirecta forma de confesar que no tienen, en la actualidad, un plan económico.
Pero esa falencia, que de por sí sería inaceptable en una agrupación política cualquiera, en el caso de una coalición constituye una especie de defecto de origen que trasluce su debilidad: ¿cómo pueden haberse aliado sin discutir lo que harían si fueran gobierno? Porque nadie habla de “actualizar” un programa previamente elaborado, sino de sentarse a acordar las bases sobre las cuales se lo definirá.
La incertidumbre que genera Argentina en los actores económicos, tanto locales como internacionales, se relaciona directamente con esto: las fuerzas políticas con capacidad de gobernar no tienen un plan integral que exprese con claridad su proyecto de país del corto al largo plazo.
