El narcotráfico se trata de un verdadero flagelo al que las autoridades de turno, tanto de la provincia de Santa Fe como nacionales, siempre prometen encarar con firmeza, pero sin éxito. Imposible, por lo tanto, no dudar de la idoneidad de quienes deben enfrentar un cuadro tan humillante para una sociedad jaqueada o, lo que es peor, de la voluntad para cumplir con dicho cometido. Un problema que suma muchos años en constante crecimiento.
Señalan las últimas crónicas periodísticas rosarinas que en poco más de 48 horas fueron asesinadas siete personas, tres de ellas en un barrio cuyo centro de salud debió cerrar como consecuencia de los ataques armados que invadieron a la zona.
El año pasado, la ciudad de Rosario batió un récord con 288 muertes por asesinato. Y en lo que va del año ese departamento santafesino ya acumula 228 crímenes. Este mes el promedio es de casi uno por día.
Entre las víctimas fatales de las últimas horas se encuentra un policía que se encontraba de custodia en un hospital al que ingresaron sicarios que pretendían asesinar a un preso hasta allí trasladado para su atención médica. Como consecuencia del tiroteo también fue herida una enfermera.
El accionar de los sicarios de las bandas de narcos es moneda corriente a cualquier hora y las consecuencias son imprevisibles porque los delincuentes, en búsqueda de su objetivo, poco se preocupan por la suerte que pueden correr personas ocasionalmente instaladas en la escena del crimen planificado. Por otra parte, como también señalamos en anteriores oportunidades, detrás del accionar de las bandas de narcotraficantes se escudan múltiples casos de delincuencia común que aprovechan el escenario mayor para sumar desolación a los habitantes rosarinos.
Cada recambio institucional potencia la esperanza de un mejor accionar de las fuerzas de seguridad para buscar a los delincuentes y poner alivio ante tan doloroso cuadro de situación. Pero muchas veces esas expectativas se ven frustradas.
El gobernador electo en la provincia de Santa Fe, que asumirá el próximo mes, prometió intensificar el accionar en materia de seguridad y con apoyo a la Justicia para intentar torcer el rumbo y lograr que vaya decreciendo el movimiento delictivo que genera la gran ola de delincuencia narco. Y lo mismo es espera que suceda con el nuevo gobierno nacional, ya que el nivel de perfeccionamiento del accionar delictivo ha llegado a límites que exigen una acción de la que la Nación no puede desentenderse.
Por otra parte, ya se ha señalado que las posibilidades de expansión de dicha modalidad a otras zonas de difícil control por parte de los sistemas de seguridad, como el Gran Buenos y otros conurbanos del país, puede derivar en una crisis multiplicada de mucho más difícil manejo.
La inseguridad sigue siendo uno de los motivos de mayor preocupación de la ciudadanía argentina, especialmente en los grandes centros urbanos. Razón más que suficiente para que se busquen mecanismos que hagan de esta temática una cuestión de Estado, en especial por parte de quienes dicen buscar un nuevo tiempo de acuerdos políticos.
