La protesta universitaria reciente debería dejar una buena experiencia para las partes en conflicto: la necesidad de saldar diferencias mediante el diálogo.
El marco multitudinario observado demostró que la sociedad argentina, representada en miles de personas que ganaron las calles, avala sin reparos el sostenimiento de una fuente de educación superior que nutrió a muchas generaciones de la nación. Cursan en el país más de dos millones de estudiantes en más de 50 universidades nacionales.
El problema radica en el manejo político de la actividad universitaria, no exenta de los problemas generales que atraviesa desde hace mucho tiempo la educación en su conjunto en el país.
Hay estimaciones que señalan que este año el programa para el desarrollo de la educación superior en el país será el 0,22% del PBI. En 2018 fue de 0,81% y a partir de ese año sufrió altibajos que nunca estuvieron debajo del 0,68%. En cuanto a recursos solamente destinados a la Universidad de Buenos Aires, foco principal del conflicto actual, hay cálculos que indican que caerán este año un 72% respecto de 2023. Se trata de datos dados a conocer y publicados por la prensa en los últimos días.
Dificulta la situación la prórroga de las partidas del presupuesto nacional del año anterior, ya que el correspondiente a 2024 no fue tratado a fines del año pasado por el Congreso luego de una prórroga acordada en plena campaña electoral presidencial. Hay, por lo tanto, una significativa pérdida adquisitiva real de elevado porcentaje para los números universitarios.
De todos modos, hay aspectos que sí deben ser contemplados y erradicados en cuanto al uso de los dineros públicos, de los que se financia la vida universitaria nacional. No se puede desconocer que en los últimos tiempos en muchos casos se usó a la universidad con sesgos ideológicos alejados de lo académico. En ese marco, desde el poder hubo prebendas con educadores con pensamiento coincidente con los gobiernos de turno, aspecto que se debe terminar definitivamente. Por ende, toda auditoría es absolutamente pertinente.
En ese aspecto, las actuales autoridades nacionales tienen una gran oportunidad de corregir ese rumbo. Se sabe que es una de sus premisas. Se debe garantizar, por lo tanto, que las actividades universitarias se ejerzan estrictamente en el campo académico, asegurando, claro que sí, la pluralidad de ideas, sin incidencia en la decisión del alumnado.
El apoyo a la actividad pública universitaria debe ser irrestricto. Por ello es de suma importancia que dicha aclaración la haya formulado el Gobierno luego de la multitudinaria marcha, de modo de despejar dudas y permitir que el diálogo futuro sea en términos correctos.
Más allá de los inevitables discursos políticos e ideológicos que se escucharon en Plaza de Mayo, el documento elaborado por la Federación Universitaria Argentina, consensuado entre los rectores de todo el país, planteó claramente la crisis que afrontan sin ningún tipo de consigna política. En evidente respuesta, el Poder Ejecutivo convocó a esos rectores a un encuentro inminente para encarar el diálogo.
De la mano de la labor universitaria pública transita el desarrollo científico, que ha nutrido a nuestro país en numerosos campos y también ha dotado a las ciencias en el plano internacional con el ejemplo de personalidades que trascendieron por capacidad y honestidad. Esa línea es la que debe imperar.
