En el Congreso de la Nación y en el Poder Judicial se trabaja en la implementación de una ley moderna y actualizada, que permita que los bienes decomisados a las organizaciones criminales puedan pasar con rapidez a organismos del Estado o a organizaciones civiles de ayuda a sectores necesitados de la sociedad.
El actual es un año complicado para lograr este cometido jurídico-social por el proceso eleccionario que desembocará en los comicios generales del 22 de octubre próximo.
Pero, el descripto es un tema de enorme trascendencia que deberá ser resuelto de manera perentoria por cualquiera de las fuerzas políticas que asuman la conducción del país a fin de año.
Como han venido informando, entre otros medios, La Nación y Diario Judicial.com (este último digital), bajo la extensa denominación de “Bien restituido para el desmantelamiento patrimonial del crimen organizado y el fortalecimiento de la sociedad civil”, se procura crear en la Justicia argentina un nuevo marco normativo que impulse no sólo el decomiso de los bien incautados a los grupos criminales organizados, sino también habilitar su destino a hacia el Estado y las organización sociales y comunitarias que se dedican a atender las necesidades de los grupos más vulnerables (víctimas de la pobreza, violencia de género, explotación y trata de personas, etc).
De este modo, se podría reparar el daño causado, y de esa manera los sectores que suelen ser los damnificados más expuestos de los malvivientes, podrán participar de la recomposición y encontrar opciones para escapar de la marginalidad y de situaciones de violencia.
El propio juez federal Sebastián Casanello daba cuenta, en una nota publicada por el DiarioAR, que el resultado práctico de este armado jurídico sería convertir un taller clandestino en un espacio gestionado por los trabajadores y el Estado, o transformar un terreno adquirido con dinero ilícito en una plaza de uso vecinal, o convertir una casa secuestrada al narcotráfico en refugio para mujeres que sufren violencia de género, y que en muchos no tienen donde alojarse.
O simplemente reutilizar una camioneta usada en un principio para transportar droga como un rodado al servicio de un organismo del Estado o de una organización comunitaria.
La sociedad espera entonces que las cámaras aprueben prontamente la ley de administración y reutilización social de bienes decomisados al crimen organizado.
En este momento la Justicia argentina tiene bajo su tutela cientos de inmuebles que pertenecían a las organizaciones criminales, valuados en más de 25 mil millones de pesos.
Ni que hablar de los vehículos y otras pertenencias quitados a los delincuentes.
En su mayoría, esos dominios -sean inmobiliarios o rodados, lanchas, yates, etc-, se están deteriorando, perdiendo su valor económico.
Una ley definitiva podría componer la situación, unificando un registro ordenado de cuántos bienes hay cautelados y/o decomisados en la Justicia Federal.
Asimismo, se lograría con la nueva normativa más transparencia en la gestión de los elementos recuperados de la delincuencia, y de esa formar brindar los mecanismos para orientar de materia eficiente el destino y el uso de recursos recuperados en beneficios de las víctimas y de quienes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad social y económica y de la comunidad en general.
Por último, la iniciativa prevé la puesta en marcha de una Agencia Federal de Bienes Cautelados y Recuperados, de un cuerpo de contadores, abogados y especialistas en administración de empresas y otros profesionales para la mejor adecuación del destino final de los bienes secuestrados.
