El funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación debe ser de interés prioritario de las actuales autoridades del país. Se trata de la cabeza del Poder Judicial, que institucionalmente debe procurar mantener una sana distancia de los dos restantes poderes del Estado, de características políticas, el Ejecutivo y el Legislativo.
La Corte Suprema ha sido objeto de constantes retoques en lo relativo a su funcionamiento durante estas cuatro décadas de democracia, especialmente en lo referido a la cantidad de miembros que la deben integrar; la mayoría de las veces en línea con concretos intereses partidarios. Desde el tribunal ampliado a nueve miembros que impuso la administración de Carlos Menem hasta la penosa integración con sólo tres jueces que recibió la presidencia de Mauricio Macri.
Durante el gobierno anterior al actual, el máximo tribunal estuvo en la mira de las autoridades de turno desde que éste comenzó su gestión, en diciembre de 2019. Una especie de continuidad de las turbulencias que por motivos ideológicos y políticos planteó la administración de Cristina Fernández de Kirchner. En más de una oportunidad, funcionarios y allegados de aquella época hicieron públicas críticas puntuales a los miembros del máximo tribunal.
Poco después de asumir, el presidente Alberto Fernández puso a discusión de juristas, en su mayoría afines al oficialismo, una reformulación de la Corte que finalmente no prosperó. Más adelante se llegó a hablar, aunque sin éxito, de la posibilidad de un máximo tribunal ampliado con la insólita propuesta de sumar un miembro por cada provincia del país.
Se trató siempre de acciones lamentables que pusieron permanentemente al Estado al borde de un conflicto de poderes, trance siempre complicado en todo sistema republicano y que la clase dirigente siempre debería buscar evitar.
El actual gobierno nacional tiene ahora la posibilidad de renovar la Corte para cubrir una vacante en el quinteto de jueces y sustituir a otro que cumplirá su edad de jubilación poco antes de la finalización de este año. También hubo trascendidos sobre la posible intención del Poder Ejecutivo de proponer elevar a siete el número de integrantes del máximo tribunal.
Debe recordarse, al respecto, que hay una fuerte polémica en el campo judicial y del derecho en general sobre la idoneidad de uno de los profesionales propuestos para uno de los cargos a cubrir. Se trata del juez federal Ariel Lijo, cuyo pliego, como el del restante postulante, el doctor Manuel García-Mansilla. Se espera una pronta discusión sobre los profesionales propuestos en breve en el Senado nacional.
Sea cual fuere el resultado de la votación, cabe reiterar que la Justicia, en todas sus instancias, necesita únicamente el aporte de personas que apuesten con su trabajo a la necesaria independencia de poderes que marcan los preceptos republicanos dictados por la Constitución Nacional. Con esa premisa, los antecedentes de quienes son propuestos para cualquier rango de la magistratura no deberían generar mayores reparos y conjeturas.
La política cometería un gravísimo error si optara por impulsar para los cargos judiciales a personas que generan desconfianza sobre su independencia para tomar decisiones. Por ello esta nueva chance que ofrece la doble nominación para la Corte nacional es una oportunidad en dicho sentido.
