El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, volvió a generar preocupación entre directivos de medios de prensa al afirmar que, desde su óptica, se vuelve necesario poner límites a la crítica periodística.
“Queremos que se discuta y debata cuál es el rol de la prensa en la democracia”, señaló en un acto el titular del Ejecutivo riojano. Y añadió: “Creemos que es importante que todos nos autolimitemos cada vez que tengamos que hablar de las autoridades legítimamente electas por la voluntad popular”. Y fue más allá al dar a entender que la publicidad que paga el Estado para dar cuenta de los actos de gobierno debe condicionar la elemental mirada crítica por parte del periodismo: “Viven de la pauta nacional”, dijo.
No es la primera vez que el mandatario riojano se expresa de esta forma con respecto al periodismo. Pero esta vez lo suyo tuvo más trascendencia porque lo hizo en el marco de una visita del presidente de la Nación, Alberto Fernández, pocas horas después de las elecciones que le permitieron ser reelecto.
Por otra parte, en las recientes elecciones los riojanos también votaron por la conformación de una Convención Constituyente que deberá modificar la Constitución provincial. Según el proyecto del Gobierno, dicha enmienda puede comprometer la libertad de acción tanto del periodismo como de la Justicia.
A raíz de la embestida dialéctica de Quintela, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) emitió un documento crítico para referirse al caso, que por su importancia reproducimos en parte. “La convivencia democrática en sociedades diversas reconoce como elemento esencial la posibilidad de someter a juicio y crítica el actuar de los funcionarios públicos, incluso cuando su designación provenga de una elección democrática, competitiva y libre de sospechas”.
“No es el origen democrático de un funcionario un título que brinde ningún tipo de indemnidad ante la crítica. Por el contrario, en su carácter de mandatarios de esa voluntad popular estarán sometidos siempre a un escrutinio superior y más intenso de sus acciones. Ese es el papel de la prensa, indispensable en un sistema democrático”, remarcó Adepa.
“Lo dicho –agregó la entidad periodística- no se modifica por el hecho de que los gobiernos, en cumplimiento de exigencias constitucionales e internacionales, deban difundir los actos de gobierno. La sola sugerencia de que la comunicación institucional que el Estado está obligado a realizar debe ser un motivo de deferencia para con los funcionarios, constituye un inusitado desvío autoritario”, puntualizó Adepa, para rematar señalando que dicha manera de pensar “pone de manifiesto una visión completamente desviada del servicio público y de la propia democracia”.
Lamentablemente, se reitera la postura de confrontación con la Justicia y la prensa que caracteriza a buena parte de la dirigencia justicialista. Atribuir a jueces, fiscales y periodistas el rol de oposición política representa una mirada distorsionada de la vida institucional.
El servicio que prestan la Justicia, como poder del Estado, y los medios de comunicación son parte del soporte que garantiza el libre funcionamiento de las instituciones republicanas. El camino contrario conduce a prácticas que sólo tienen como destino aberrantes autoritarismos.
