Los debates parlamentarios avanzan en el Congreso y la oposición va informándole al Gobierno sus críticas a distintas temáticas incluidas en la “ley ómnibus” que la semana pasada fue aprobada en general, pero con una gran cantidad de temas excluidos.
Uno de los cuestionamientos más fuertes ha sido contra la reforma electoral. El ministro del Interior, Guillermo Francos, en nombre del gobierno, retiró ese segmento para propiciar la rápida aprobación del resto del contenido. “Si no están los votos para la reforma electoral, eso no va a trabar el tratamiento de la ley”, dijo Francos.
Alentar una reforma electoral puede ser una decisión importante, pero no es urgente. Las normas que rigen una elección no son neutrales. Pueden influir sobre el resultado. Por lo tanto, cualquier modificación debe ser consensuada con amplitud de criterio con todo el arco político para que cuente con un apoyo mayoritario, y debe ser establecida a la máxima distancia temporal posible de la próxima elección.
En otras palabras, una reforma electoral votada por el Congreso un par de meses antes de una elección y sancionada por apenas unos pocos votos de diferencia con la oposición no tendría la legitimidad necesaria.
En consecuencia, si el Gobierno está decidido a impulsarla, debiera hacerlo este año, pero en el transcurso de las sesiones ordinarias y después de haber dialogado sobre su contenido con los sectores políticos y los especialistas en la materia para alcanzar los acuerdos necesarios. En esta advertencia coincidieron los representantes de casi todos los bloques de diputados que constituyen la oposición.
Recordemos que, en síntesis, la propuesta del Ejecutivo es eliminar las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (Paso), adoptar la boleta única, reemplazar el sistema proporcional que rige la elección de los legisladores por el sistema de distrito uninominal, además de actualizar la cantidad de diputados, y modificar el régimen de financiamiento de partidos políticos.
Son cuestiones sustantivas que se apoyan, con excepción del modelo de distrito uninominal, en una misma cuestión: reducir el gasto estatal. Pero un sistema electoral y la ley que regula el funcionamiento de los partidos políticos no pueden determinarse sólo por ese principio.
¿Puede plantearse una reforma electoral con el mero objetivo de que una futura elección le cueste menos al Estado? ¿La eliminación de las Paso debiera determinarse solamente por cuestiones presupuestarias? ¿Qué podría pasar con los partidos políticos si el Estado dejara de financiarlos y quedaran a merced de los aportes privados?
Nuestra provincia suele ser puesta como ejemplo al argumentar a favor de la boleta única. Es innegable que su uso resulta más económico y que permite realizar el recuento provisorio en menor tiempo. Pero no se la implementó por esos motivos, sino por otros: reafirma el voto secreto, ya que obstaculiza las maniobras del denominado “voto cadena”, torna inútil el robo de boletas en el cuarto oscuro y les otorga seguridades a las pequeñas estructuras partidarias al no requerir numerosos fiscales.
Una reforma electoral es plausible cuando profundiza los principios democráticos, no su sujeción a variables económicas.
