La gestión de Alberto Fernández intenta poner en la agenda diaria cuestiones que están alejadas de las principales preocupaciones de la sociedad.
La inflación y la inseguridad, junto a la falta de un empleo de calidad, figuran en el podio de esas inquietudes que las autoridades se empeñan cotidianamente en ignorar, o bien las minimizan.
Un dato que avala ese diagnóstico es la caída de la recaudación impositiva y previsional de junio, que alcanzó a 3,5 billones de pesos.
Los ingresos crecieron 109,2% en forma interanual, unos 10 puntos por debajo de la evolución de la inflación, que se estima en torno del 120%.
El primer semestre acumuló ingresos fiscales por 15,9 billones de pesos, que implican un crecimiento de 95,9% en comparación con igual período de 2022, también muy por debajo de la evolución de los precios de bienes y servicios.
El detalle de la recaudación permite visualizar una fuerte baja por el impacto de la sequía, que afecta a los derechos de exportación (retenciones), la parálisis en la actividad económica y un menor pago del Impuesto a las Ganancias, tanto de empresas como de individuos.
El titular de Economía, más preocupado en sumar aliados políticos a su candidatura presidencial que en medidas concretas, tomó decisiones tardías para paliar los efectos de la seca en el campo y en los tambos.
Para sumar munición a la “guerra contra la inflación”, que declaró hace más de un año Alberto Fernández, este mes habrá un ajuste de Precios Justos de 5%.
A ello se agregará un virtual congelamiento en los valores de la ropa, del calzado, de los electrodomésticos –incluidos los de la línea blanca–, de teléfonos celulares y de motos, entre otros rubros.
Estos acuerdos, no obstante, tienen un cumplimiento acotado en la Ciudad de Buenos Aires y en el conurbano bonaerense, donde cifra sus expectativas el ministro y candidato, pero escasa visualización en el interior.
Los faltantes en las góndolas de los supermercados de casi todo el resto del país son una muestra de que los acuerdos promocionados por Massa tienen una clara delimitación geográfica.
El Gobierno nacional carece de una política integral para enfrentar los desafíos de una economía que roza la hiperinflación y la recesión, según los últimos datos oficiales.
El “plan aguantar”, que suma todos los días un anuncio de escasa efectividad con el transcurso de las semanas, genera aún más distorsiones, además de alentar una deuda elevada para el próximo Gobierno.
Las autoridades deberían observar con atención la caída registrada en la recaudación de los principales tributos, que revelan los problemas estructurales que enfrenta la Argentina. Estos no pueden ser solucionados con anuncios parciales, acompañados de eventuales aliados políticos y del campo empresario del oficialismo.
La herencia de tales distorsiones tiene que alertar a los ciudadanos sobre la organización que imaginan tras la renovación presidencial del 10 de diciembre próximo.
