La protección del adulto mayor

Si bien todos deben cuidarse, más ahora que se van liberando muchas actividades de la cuarentena, hay un sector de la sociedad, el de los adultos mayores, que conforman un factor de ‘alto riesgo’ por la posibilidad de contagiarse y perder la vida, por contraer la enfermedad.

La preocupación en la provincia es que ocurran casos positivos en los establecimientos públicos o privados donde residen ciudadanos de esta franja etárea y se desencadenen contagios. La administración local admite la compleja situación y asegura que realiza la vigilancia epidemiológica correspondiente.

La población mayor de una comunidad, tiene los mismos derechos que los demás ciudadanos, incluidos, por supuesto, la posibilidad del acceso a la salud de calidad y a estar libres de discriminación, a una vida familiar y privada y a participar plenamente en la sociedad libres del retrógrado concepto del viejismo.

Los estereotipos, los prejuicios y la discriminación hacia los ciudadanos grandes en edad, se vienen registrando ante la irrupción y detección de Covid-19, como lamentablemente ocurrió en geriátricos de la ciudad de Buenos Aires.

En Mendoza, a través de dependencias del Ministerio de Salud, se intenta proteger a ese núcleo de habitantes.

La cartera sanitaria ya había relevado casi todos de los 187 geriátricos establecidos en el territorio, que se encuentran en su mayoría en proceso de habilitación, sin hablar de los que funcionan en la clandestinidad. El trabajo es arduo y ese control debe mantenerse en el tiempo.

También hay una gestión en este sentido en la Dirección de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, dependiente de la Suprema Corte de Justicia. A través de la Subdirección de Acceso a la Justicia se realizan inspecciones en lugares donde se encuentran personas institucionalizadas por razones de salud mental, discapacidad y adultos mayores. Se concurre presencialmente a los establecimientos geriátricos, residencias de salud mental y hogares para personas con discapacidad con el fin de promover y controlar el respeto de los derechos de las personas que allí se hallan.

Dada la situación actual, esta tarea se está efectuando de manera virtual a través de video llamadas. Aseguran los profesionales de este sector de la Justicia que el cometido es realizar una tarea constructiva, de la mano de un cambio de paradigma en la materia: promover el respeto de los derechos humanos de hombres y mujeres y asegurar el acceso a la Justicia de todos ellos.

La labor es representativa de una mirada nueva hacia el adulto mayor, en otras épocas lanzado al olvido y el abandono. De no concurrir sus representantes o los de otros organismos, esas personas difícilmente se acercan a las instituciones oficiales por sus propios medios. Además, en caso de advertir vulneraciones de derechos, esta dependencia judicial tiene la facultad de iniciar las acciones pertinentes ante los organismos competentes. Es así, que varios geriátricos han sido clausurados debido a las intervenciones de la citada dependencia.

Es un trabajo que tiene por base la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, aprobada por ley (nacional) N° 27.360.

El paradigma de estas intervenciones es que ya nadie puede disponer o decidir por ellos. Son ellos quienes deciden y eligen. Y en los casos en que no fuera factible porque de su proceder pueda generarle un daño, entonces, y sólo entonces, deberá realizarse un proceso de determinación de capacidad, en el cual se nombra a una persona para que acompañe, en lo que no puede realizar. Ese acompañamiento llamado apoyo, no sustituye a la persona. Sólo la acompaña o ayuda en lo que no puede hacer, siempre intentando promover esa autonomía.

Se impulsa con esta nueva visión, plasmada en la legislación tanto nacional como internacional, el respeto a la dignidad de todo este colectivo partiendo de la presunción de capacidad, que son sujetos de derechos y procurando siempre que sean personas autónomas, que tengan vida independiente, activa en comunidad.