Hace unos días el Gobierno nacional ingresó en el Congreso su proyecto de presupuesto para 2021. Habrá que analizarlo con sumo cuidado para detectar qué hipótesis lo sostienen. En medio del sombrío panorama político, económico y sanitario actual, ¿cómo imagina la Casa Rosada nuestros próximos 15 meses?
Por un lado, la pandemia no afloja y la solución científica no está a la vista. En consecuencia, es imposible estimar una fecha para su conclusión. Hasta entonces, el Gobierno deberá renovar partidas extraordinarias y prorrogar algunos subsidios y congelamientos de precios y tarifas, sin esperar que se recupere la recaudación.
Por otro lado, como no se puede descartar un nuevo período de cuarentena más estricta, la situación económica podría agravarse, con la consiguiente pérdida de puestos de trabajo y su negativo efecto social.
Por sumatoria, los empleados privados no pueden aspirar a recomponer sus ingresos. La Federación de Trabajadores Petroleros, por caso, planteó medidas de fuerza en reclamo de una deuda del 13 por ciento de la paritaria del año pasado, pero tuvo que ceder porque en Trabajo dictaron la conciliación obligatoria.
Mientras tanto, el terremoto político que provocaron los policías bonaerenses demostró que los empleados estatales son los únicos que pueden conseguir un aumento salarial. El problema es el “efecto dominó” que podría ocasionar. ¿Hasta dónde tolerarían quienes no trabajan para el Estado ver una sucesión de protestas cuyo resultado es un importante aumento de sueldo?
Hace unos días, el jefe de Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero, aseguró que el Gobierno nacional, en la renegociación de la deuda que Argentina tiene con el organismo, le planteará al Fondo Monetario Internacional (FMI) que el país “no tiene capacidad para soportar un ajuste”.
De esa forma, Cafiero les habría dicho a los argentinos exactamente lo contrario. En un sentido, porque la relación inflación-salarios ha significado, en la práctica, un ajuste importante. Las jubilaciones y los planes sociales recibieron, por decreto, un pequeño aumento con una fórmula que derogó la que estaba vigente –que imperaba por ley– para permitirle al Estado reducir su costo.
Las discusiones salariales con los gremios estatales están suspendidas con la tácita colaboración de los sindicalistas, que no han reclamado aumentos. Esa situación, con sus más y sus menos, se repite en las provincias y en los municipios.
Por eso, la conquista de los policías bonaerenses, que no tienen gremio, podría alterar la lógica con la que han operado las autoridades políticas de los distintos niveles de gobierno. E impactar, de manera negativa y a pesar de todo, en el campo privado. Como si no bastara con eso, los dichos de Cafiero auguran un ajuste en otro sentido: señaló que le imprimirán a la negociación con el FMI “la misma lógica” que guió la discusión con los acreedores externos. Recuérdese que Argentina cedió oferta tras oferta a las peticiones de los bonistas.
¿Puede el Gobierno soportar tantas presiones simultáneas tras abandonar la moderación y en medio de una crisis de confianza?
