El brutal asesinato de la niña Morena Domínguez, en Lanús, provincia de Buenos Aires, dejó en evidencia una vez más la fragilidad de una sociedad argentina expuesta a la vulnerabilidad. Esto, como consecuencia de una crisis social y económica que crece día a día, acentuando, entre sus derivaciones, carencias en materia de seguridad.
También es la imagen más clara de promesas de las autoridades que nunca se cumplen.
Y es la evidencia de que hay, en líneas generales, una dirigencia política totalmente encerrada en sus ambiciones, en sus apetencias.
Se sabe que la estrechez en materia económica tiene entre sus consecuencias un aumento de la actividad delictiva.
Entonces todo gobernante competente y honesto, principalmente, debe advertir que es necesario reforzar los presupuestos en materia de seguridad para atemperar los efectos de ese deterioro sobre una sociedad cada vez más expuesta al delito.
Por otra parte, este brutal crimen, cuando la víctima iba camino a la escuela a una hora muy temprana, se produjo en los tiempos que más les duelen a los políticos: en el final de una campaña electoral.
El drama obligó a las fuerzas partidarias más representativas a suspender sus actos de cierre; no cabía esperar otra cosa.
Como bien han señalado distintos columnistas de muy diversos medios, una suerte de pésame de circunstancia ante un drama que conmovió a todo el país.
Ese forzado final de las campañas proselitistas seguramente les sirve a los dirigentes políticos para atenuar la discreta imagen que la sociedad en su conjunto tiene de ellos.
La gente descree cada vez más de anuncios que poquísimas veces derivan en concreciones.
Y en esta oportunidad las promesas en materia de seguridad quedaron a mitad de camino ante una demostración tan grande del drama que se vive a diario.
Lo hemos señalado en otras oportunidades en este mismo espacio y debe reiterarse: la falta de seguridad, incluyendo a nuestra provincia, toma trascendencia cuando los índices delictivos aumentan y se tornan indisimulables en las estadísticas sobre delitos que se cometen.
Por ello las encuestas que se realizan periódicamente mantienen en un nivel elevado de preocupación de la población todo lo que tiene relación con la inseguridad.
Además, el hecho ocurrido en Lanús potenció otro de los dramas que crece y que tiene que afrontar la sociedad argentina: el narcotráfico y su consecuente ola de delitos.
Hace mucho tiempo que dejó de ser un problema de la ciudad de Rosario y otros puntos de la provincia de Santa Fe. Ya es una realidad del conurbano bonaerense y de otras zonas similares del país. Y tras la cortina del crimen narco se cubren otras variantes del delito cotidiano que aprovechan las circunstancias.
Es de esperar que llegue el momento en el que la dirigencia política tome con absoluta seriedad y compromiso este flagelo y haga de las acciones tendientes a combatir la inseguridad una cuestión de Estado, que garantice, principalmente, una continuidad en el tiempo sin distinción de identificación partidaria. Se necesitan consensos, lógicamente, pero para dar y garantizar soluciones.
