Nos ocupamos en esta ocasión de una situación importante para el país, que ocurre en el océano Atlántico suroccidental, lejos de los límites de nuestra provincia: la recurrente invasión de barcos extranjeros que pescan impunemente en el Mar Argentino, sin respetar las delimitaciones territoriales de los contornos marítimos que nos corresponden.
Así, año tras año, las embarcaciones de bandera foránea se llevan millones de toneladas de valioso recurso ictícola, que implica exponernos a un posible agotamiento de una inapreciable riqueza a corto plazo y la evasión de cuantiosas cifras por el robo de estos modernos piratas.
Hace mucho que se plantea que la voracidad de explotación de los intrusos, con el empleo de medios tecnológicos de alto poder, ha contribuido a la depredación de las áreas de captura. Son naves chinas, españolas y coreanas, entre otras procedencias, las que ejecutan estas acciones, pero se ha relevado la pesca ilegal que realiza el Reino Unido en Malvinas, que otorga licencias de captura, infringiendo todas las leyes nacionales e internacionales y la propia indicación de no innovar de la resolución ONU 31/49. Fuera de ello, cientos de buques extranjeros también depredan los recursos migratorios argentinos en el Atlántico sudoccidental.
En distintos foros desde la década del ’90 se promueve el acabar con esta actividad ilegal y la FAO elaboró en 2001 un Plan de Acción Internacional (PAI) no vinculante, para prevenir, desalentar y eliminar la pesca no declarada y no reglamentada.
La Argentina sufre esta captura en el área de Malvinas de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) Argentina y de las especies que migran desde ésta hasta alta mar, con perjuicios gravísimos. Se estima que se extraen del Atlántico sudoccidental unas 950 mil tn anuales, por un valor estimado a los U$S 2.470 millones.
En este estado de cosas, y sin considerar una diversidad de situaciones y análisis que exceden este espacio editorial, debe señalarse que el Gobierno nacional envió un proyecto al Congreso para aumentar las multas a los infractores, pero no pareciera que esto cause un gran efecto si no se dispone de mayores medios de control y represión a esta piratería.
Por estas consideraciones, un estudioso del tema, César Augusto Lerena, experto en Atlántico Sur, sostiene que el Gobierno debería declarar la práctica ilegal de pesca como un delito promoviendo, ante el Congreso, la modificación del Código Penal nacional, sugiriendo un proyecto concreto al respecto. El especialista pide la modificación del artículo 186 del Código Penal, que –de concretarse su iniciativa- debería aplicar “reclusión o prisión de tres a quince años a quien afectara el ecosistema pesquero y marítimo y la sostenibilidad de las especies en la Zona Económica Exclusiva Argentina o sobre los recursos pesqueros migratorios originarios de la Zona Económica Exclusiva Argentina que se encuentren más allá de las 200 millas marinas por diversos medios. Figuran, entre otros, “la pesca ilegal no declarada y no registrada y/o pesca que no se encuentre habilitada por la autoridad de aplicación y transportar explosivos o sustancias tóxicas y/o usar explosivos, como métodos de extracción o pesca”.
Estos son los principales puntos considerados en la iniciativa para combatir la perniciosa actividad contra nuestro patrimonio marítimo.
