En una reciente publicación de este medio, autoridades del área de Desarrollo Comunitario de la provincia informaron que entre enero y diciembre de 2023 aumentó 25% la demanda de ayuda por parte de sectores vulnerables de la población mendocina.
En estos momentos son más de 60 mil las personas a las que se asiste, fundamentalmente, con alimentos.
Además, hay un importante número de organizaciones sociales que se encuentran en lista de espera en el Banco de Alimentos, organización mendocina encargada de recibir donaciones de parte de la industria, la producción, el comercio y particulares en general.
Muchas veces la demanda parece superar la voluntad de la comunidad.
Estos datos demuestran que nuestra provincia no escapa al duro momento social que vive el país como producto de muchos años de desaciertos económicos en el plano nacional y una orientación hacia el asistencialismo desenfrenado que derivó en los valores deficitarios que predominan y afectan a la comunidad.
En ese contexto, a poco de conocerse las primeras medidas implementadas por el Ministerio de Economía del nuevo gobierno nacional, desde este mismo espacio señalamos que resultaba apropiado que la Nación saliese a consolidar con urgencia acciones de contención social para ir en ayuda de los sectores sociales más afectados desde el punto de vista económico, que ya venían siendo muy golpeadas por aquellas políticas que condujeron al país a los actuales niveles de pobreza e indigencia.
Resultaba imperioso poner a esas personas a resguardo de las turbulencias que, inevitablemente, producirían las medidas correctivas a implementar por las autoridades recién asumidas.
Justamente, los datos estadísticos anteriormente citados demuestran que la situación general del país que recibieron las nuevas autoridades resulta muy difícil de sostener en lo meramente social.
La inflación, desenfrenada en los últimos cuatro años, sigue conduciendo a una especie de encerrona que pone en riesgo la estabilidad general de la Argentina.
Y en medio de esa crisis, se impone de parte de las autoridades de turno un reacomodamiento fiscal que elimine los numerosos rincones de malgasto e ineficiencia que existen en el Estado.
Es por ello que el anunciado mantenimiento de los planes sociales vigentes y la autorización al área gubernamental de Capital Humano para salir en ayuda de los más necesitados hablan a las claras de la preocupación del presidente Javier Milei y su equipo por las consecuencias sociales del necesario reacomodamiento que pretende llevar a cabo en medio de una ardua discusión parlamentaria.
Es pertinente una nueva identificación de los espacios de la sociedad visiblemente vulnerables en virtud de un reajuste económico que inevitablemente golpeará un poco más, aunque sea por un plazo determinado, la crítica situación de vida de miles de argentinos.
También deberá el gobierno de turno apelar al sentido común de los sectores empresarios encargados de la formación de precios, de modo de contribuir al pretendido y necesario reajuste sin una mayor presión sobre los sectores que consumen.
Son aspectos en los que el Estado nunca debería desentenderse completamente, más allá de la concepción filosófica que se tenga acerca de su papel en la regulación social, sobre la cual el actual presidente suele ser muy crítico.
Por lo menos mientras dure el replanteo económico y social que los argentinos esperamos que se concrete de una buena vez.
