Es preocupante la irregular situación del juez federal Walter Bento, quien continúa en funciones pese a haber sido procesado como presunto jefe de una asociación ilícita.
Los cargos en su contra son por el cobro de coimas con el fin de beneficiar a personas condenadas por la comisión de distintos tipos delitos de importante magnitud. O sea, se trata de acusaciones de suma gravedad.
El panorama se agrava por tratarse del juez con competencia electoral en esta provincia, una tarea que el magistrado decidió seguir cumpliendo luego de haber rechazado la propuesta de la Cámara Nacional Electoral de apartarse de dicha función, mediante una licencia, hasta que se resuelva si queda firme su procesamiento.
El juez Bento ya tuvo trascendente participación en el proceso electoral local al autorizar las siempre polémicas listas colectoras que impulsó el kirchnerismo mendocino, además de tener que intervenir en la presentación que hizo un sector de la oposición provincial por la controversial precandidatura del gobernador, Rodolfo Suárez, a senador nacional suplente.
Se trata de una situación que tiene muy pocos precedentes en el ámbito de la Justicia Federal.
Por ello hay una lógica inquietud política sobre el rol de la oposición en una eventual presión que podría ejercer sobre el Consejo de la Magistratura, justamente el organismo con injerencia política a cargo de la promoción y remoción de los jueces.
La Magistratura sí podría suspender la acción del juez contribuyendo, de algún modo, con el deseo de que la causa que involucra al magistrado tome el ritmo que merece, en virtud de los graves cargos en su contra.
A propósito de esta interpretación, resulta evidente que el oficialismo nacional prefiere no mover el expediente en virtud de la cercanía de las elecciones y, por otra parte, mostrando una sospechosa actitud de complacencia hacia un magistrado que fue cercano al kirchnerismo durante sus 12 años consecutivos en el poder.
Debe recordarse que fue el juez Bento quien, a fines de 2011, dispuso, en un accionar muy confuso y criticado, la intervención de la operadora de comunicaciones audiovisuales Cablevisión valiéndose de un fuerte operativo encargado a Gendarmería Nacional para garantizar la asunción de un directivo por él designado, en el marco de una contienda judicial iniciada por una empresa competidora de propietarios mendocinos.
En aquel momento, el juez federal de Mendoza fue denunciado por haber sido considerado funcional al kirchnerismo, por entonces gobernante, en cuanto a sus intenciones para neutralizar a las empresas periodísticas que investigaban su desempeño.
Recién en 2014, fruto de las correspondientes apelaciones, la Corte Suprema de Justicia de la Nación anuló lo actuado por Bento.
Los antecedentes de claro favoritismo político y una situación procesal que induce a la comprobación de un accionar de gran calibre delictivo, ponen en cuestión si es conveniente o no la permanencia en funciones del magistrado federal investigado, sobre todo, por su competencia en la conducción del proceso electoral ya en marcha en Mendoza.
La persistencia de este tipo de anomalías es la que lleva a que el grueso de la ciudadanía cada vez descrea más de la calidad de sus dirigentes.
En el caso de nuestra provincia, deteriora significativamente la buena imagen institucional que nos ha caracterizado durante décadas.
