El ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas, y el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, recibieron a empresarios del supermercadismo y de la industria alimentaria en la primera ronda de negociaciones encuadrada en la anunciada “guerra contra la inflación”. El paradójico resultado es que, si bien se mira, más allá de las acrobacias discursivas oficiales, el curso ascendente de la inflación seguirá vigente.
En conferencia de prensa, Kulfas se mostró como un intransigente actor que sabe que no debe ceder ante un interlocutor que no quiere asumir sus culpas. Sostuvo que les otorgaron sólo 24 horas a los industriales de la alimentación y a los supermercadistas para que revirtieran los aumentos que se produjeron en los últimos días.
Si tienen alguna justificación para intentar mantenerlos, deberán presentársela a Feletti, quien evaluará su pertinencia. Y a quienes se resistan a la orden oficial, se les aplicaría la Ley de Abastecimiento, que prevé sanciones contra quienes eleven “artificial o injustificadamente los precios en forma que no responda proporcionalmente a los aumentos de los costos, u obtuvieren ganancias abusivas”.
Los empresarios que participaron de la reunión no se fueron angustiados ni atemorizados. Salieron fastidiados; fastidio que la conferencia de prensa de Kulfas potenció.
Entonces, quienes accedieron a hablar con los medios, aunque lo hicieron bajo reserva, matizaron las afirmaciones oficiales.
“No saben qué hacer. Buscan a quién culpar de la inflación porque no tienen ningún plan económico”, fue el resumen que ofreció a la prensa presente un alto ejecutivo de una empresa alimentaria.
En primera instancia, lo que buscará el Gobierno es retrotraer los precios a la primera quincena de marzo. Nada más. En otras palabras, anular las subas que puedan haber ocurrido a partir del martes de la semana pasada, momento en que el presidente Alberto Fernández anunció, con demasiada anticipación, que lanzaría una “guerra contra la inflación” el día viernes.
En segunda instancia, buscará evitar que los aumentos de las materias primas en los mercados internacionales, impulsados por la invasión rusa a Ucrania, aceleren la inflación local.
Ambos elementos permiten colocar como el “enemigo” por combatir a un genérico e indeterminado “los especuladores” y “los inescrupulosos”.
Si el Gobierno pelea contra alguien que en el relato tiene los atributos del “malo”, automáticamente se inviste con los caracteres del “bueno”.
Así, Fernández escondería tras ese esquema maniqueo y superficial el efecto del plan acordado con el Fondo Monetario Internacional, que, en principio, acelerará la inflación: debe bajar el déficit y la emisión, aumentar las reservas y acelerar la devaluación, y actualizar las tarifas de los servicios públicos. Todas esas acciones ayudarán a ordenar la macroeconomía, pero estimularán la inflación, que, antes de que pueda empezar a bajar, tendrá que subir aún más.
Por eso, la intransigencia que se aparenta en el control de precios de los alimentos, que incluye seguir jugando con la idea de crear una empresa estatal y más fondos de estabilización, es una mera estrategia para que el Gobierno no sea identificado como el responsable.
