El gobierno de Javier Milei sabe que el apoyo a su gestión se decide en relación con la baja de la inflación a niveles tolerables, lo que permitirá la recuperación de la economía y del empleo.
La suba constante de precios en los últimos años distorsionó la macroeconomía y provocó un fuerte impacto en la organización social, con aumento de la pobreza, de la marginalidad y de la delincuencia, entre otros daños colaterales.
Aunque el Presidente destacó la reducción de la inflación a 13,6% en febrero, la tendencia podría revertirse este mes por los aumentos estacionales, con el regreso a pleno de la actividad.
El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, convocó a los directivos de industrias alimentarias y de supermercados, ante quienes criticó el nivel de los precios y las especulaciones en torno de ciertas promociones que no alcanzan a todos los artículos de la canasta básica.
El Gobierno decidió facilitar la importación de tales productos, lo que incluye la disponibilidad de dólares para el pago de esas compras, además de rebajas impositivas.
La Unión Industrial Argentina (UIA) y otras entidades representativas de las pymes cuestionaron la medida, que podría afectar la producción local.
El Gobierno sostiene que la Argentina permaneció virtualmente cerrada durante los últimos 20 años, sin beneficios claros para los consumidores.
La comparación de los precios locales con los que se cobran por los mismos productos en Italia, en España y en Estados Unidos ocupó cientos de horas en los medios de comunicación, pero no incluyó distorsiones clave.
Las imágenes omitieron aludir a los impuestos y a los costos de logística, entre otros factores que –en términos de costos– son altamente favorables a la producción en el exterior.
La Corporación Argentina de la Mediana Empresa (Came) recordó que el valor de cada alimento se incrementa 3,4 veces desde el productor hasta la góndola.
Ese dato explica el elevado costo de la intermediación en la Argentina, sobre la cual el Gobierno aún no adoptó decisiones significativas para reducirla a valores normales.
En la Argentina existen 167 impuestos, además de inverosímiles tasas municipales, todo lo cual encarece los alimentos que finalmente adquiere el consumidor.
La intención de bajar la inflación va a tono con una de las demandas sociales más urgentes, además de permitir un ordenamiento de la economía y de los negocios.
Sin embargo, detrás de ese objetivo, el Estado nacional así como provincias y municipios tienen mucho por hacer en cuanto a la reducción de impuestos y para mejorar las condiciones de la intermediación.
Además, la industria argentina registra un atraso tecnológico fruto del virtual cierre del ingreso de bienes de capital en el pasado y la escasez de dólares para facilitar la modernización local.
En apenas poco más de 100 días de gestión, no es posible exigir la corrección de todos los problemas, pero el Gobierno debe acometer las soluciones en todos los flancos y no sólo mostrar cómo suben los precios que se exhiben en las góndolas.
