Pese a la escalada en la suba de los precios, el Gobierno nacional sigue sin ofrecer un verdadero plan económico para enfrentar el fenómeno ya que no ha reaccionado en forma contundente ante el grave descalabro que implica una inflación interanual por encima del 100%, un dato que no se registraba desde agosto de 1991.
Más allá de los reproches internos, ni el presidente Alberto Fernández ni el ministro de Economía, Sergio Massa, esbozan una respuesta tranquilizadora a lo que es la principal preocupación de los argentinos.
La suba de los precios de 6,6% en febrero llevó la inflación del primer bimestre a 13,1%, mientras que en los últimos 12 meses los valores de bienes y servicios aumentaron 102,5%. El mayor impacto lo produjo el rubro “alimentos y bebidas”, que subió 9,8% tras el fuerte incremento que registraron los precios de los distintos cortes de carne, con alzas de hasta 35%.
No deja de ser preocupante la tendencia a una inflación de entre el 5% y el 6% mensual para el resto del semestre, como anticipan consultoras y economistas requeridos por el Banco Central.
Además, el hecho de retrotraer la macroeconomía a situaciones que se vivían tres décadas atrás provoca enormes distorsiones al momento de planificar negocios e inversiones.
El equipo económico no encuentra un ancla inflacionaria, al tiempo que carece de la suficiente confianza de la sociedad para aceptar los promocionados acuerdos de precios y los ajustes menores para contener el déficit fiscal.
La ruptura de un equilibrio entre los precios relativos, la inercia inflacionaria y la falta de acompañamiento por parte de industrias y de grandes actores del mercado plantea hacia adelante un escenario negativo.
Los mayores afectados por esta política son los sectores de ingresos fijos –de modo principal, asalariados y jubilados–, cuyos estándares de vida se acercan a los umbrales de la pobreza y, en numerosos casos, de la indigencia.
Lo más sorprendente ante la elevada inflación es la pasividad del gobierno que encabeza Alberto Fernández, cuyos principales funcionarios se sumergen a diario en la pelea por las candidaturas para 2023.
A esa inacción y a la falta de credibilidad ante la sociedad hay que sumarles el efecto –aún no visible en toda su plenitud– de una de las peores cosechas de los últimos años.
La sequía reducirá los ingresos de los productores entre 15 mil millones y 20 mil millones de dólares, según cálculos de las entidades vinculadas con la comercialización de granos.
El impacto en la agroindustria, en el valor de las materias primas y en la pérdida de puestos de trabajo no forma parte de las proyecciones macroeconómicas que debiera elaborar el Gobierno.
Estudios privados calculan que la economía retrocederá 3%, lo que agravará aún más el cuadro social y laboral de millones de argentinos.
Por rara paradoja, esta dramática coyuntura no merece la atención y las medidas adecuadas por parte de las autoridades nacionales.
La sociedad demanda acciones concretas para revertir el desgobierno y la falta de respuestas ante la emergencia económica y climática.
