Los salarios de los trabajadores siguen en caída libre si se los coteja con uno de los peores males de la economía argentina: la inflación. Y con ello, el poder adquisitivo de millones de personas se encamina a engrosar los indicadores de pobreza e indigencia.
Vaya uno a saber a dónde fueron a parar las promesas de campaña del presidente Alberto Fernández (y, también, de quienes lo precedieron en el cargo) de alcanzar el sueño dorado de bajar a un dígito la inflación anual.
El error de cálculo ha sido estrepitoso y está a la vista: ese ansiado dígito se verifica desde hace tiempo, pero de forma mensual.
Días atrás, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que la inflación de abril fue del 6% ciento, algo menor que la de marzo (6,7%), pero igualmente fuera de los planes del área de Economía.
Es cierto que este infortunio propio de los argentinos tiene como respuesta directa una escalada de los precios en los más variados rubros. Pero golpea con vehemencia a los trabajadores cuyos ingresos apenas alcanzan para completar una canasta alimentaria digna, además de honrar el extenso y cada vez más caro menú de impuestos y de servicios.
Si en el marco de una negociación paritaria la patronal y los sindicatos acordaron aumentos de haberes escalonados, a no dudar que la última fase de ese compromiso habrá sido licuada por la inflación.
Otro botón de muestra: el Gobierno nacional anunció un aumento del 15% para jubilados, pensionados y asignaciones varias. La mejora se efectivizará con las remuneraciones de junio, lo cual supone que la licuadora inflacionaria hará lo suyo, sobre todo en perjuicio de los pasivos que menos cobran.
El deterioro de los salarios, producto de ese dígito mensual que las autoridades no aciertan en morigerar, afecta tanto a empleados privados como a los dependientes del Estado. La frase es repetida: los salarios pierden con respecto a la inflación. Ni qué hablar de los trabajadores informales o en negro, que no tienen ingresos estables y que en muchos casos dependen de la buena voluntad de los empleadores para cobrar un sueldo que les permita, al menos, llevar a sus hogares el sustento mínimo para redondear una canasta alimentaria.
Es preocupante que el acumulado de la inflación en lo que va del año haya llegado al 23%. Y el interanual, al 58%, con el agregado histórico de que este índice es el peor registro de los últimos 30 años.
¿Hay indicios en el Gobierno y en los analistas de que el índice de precios al consumidor experimentará una merma repentina? Por ahora no.
Todo lo dicho se desenvuelve en medio de una crisis económica general que parece estar lejos de encarrilarse. Y, además, condimentada por las diferencias insalvables entre el Presidente y la vicepresidenta, Cristina Kirchner, a las que la comunidad asiste atónita y desesperanzada.
