Las estadísticas no permiten mentir. El Congreso Nacional lleva varios meses sin aprobar leyes, su función principalísima.
Las crónicas parlamentarias dan cuenta de que el pedido de juicio político que el Gobierno promueve contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia terminó de frenar totalmente las actividades, en especial en la Cámara de Diputados, que es la que recibió el controvertido proyecto del oficialismo.
El abordaje en la comisión de Juicio Político, el único ámbito donde el Frente de Todos tiene mayoría, puede hacer eterna la discusión.
El listado de temas pendientes por culpa de la llamada rosca política es lamentable. Por ejemplo, la ley de alquileres está frenada y con ese cuadro el problema para miles de argentinos que dependen de las transacciones inmobiliarias se torna caótico. Pero nadie parece hacerse cargo de la situación entre los legisladores.
También se acumulan otros variados proyectos de trascendencia, como la legislación sobre humedales en la Argentina, la modificación de la llamada ley antilavado, la de fomento a la agroindustria e, incluso, asuntos atinentes a la gestión económica nacional en momentos de tremenda inestabilidad.
Hay expedientes legislativos que llegan a tener aprobación en la cámara de origen, pero que quedan retenidos en la otra cámara, la revisora, por las trabas que impone la tensión política. Un ejemplo, la llamada ley de alcohol cero al volante, que tanta preocupación genera en la industria vitivinícola.
No se puede argumentar que la paridad de fuerzas partidarias existente en ambas cámaras es la que impide el desarrollo de la actividad habitual. Precisamente, en circunstancias democráticas normales es sumamente favorable, para el diálogo entre partes y el logro de consensos, que no exista preponderancia legislativa de ningún sector. Eso mejora, sin ninguna duda, la calidad del contenido de las leyes.
Es real que existe un especial celo por parte de la oposición para garantizar la estabilidad republicana ante los excesos del kirchnerismo, que hace de la supuesta persecución política el argumento para desacreditar a jueces y fiscales que determinaron la comisión de delitos de corrupción en gestiones anteriores.
Indudablemente, es destacable y tranquilizador ese cuidado de las instituciones que ejercen los legisladores opositores, que es parte del compromiso asumido con quienes los votaron. Pero, a la vez, debería existir una cuota de voluntad entre las partes para encontrar el tiempo de discusión de temas que son prioritarios para los argentinos en su conjunto.
La inacción parlamentaria generalmente tienta e induce al gobierno de turno a tomar decisiones inconsultas por decreto, que exceden la labor de los legisladores y que, finalmente, cuesta poner en revisión.
En definitiva, se comprueba con esta realidad por qué la dirigencia política argentina acentúa su descrédito ante la sociedad, una realidad que día a día se potencia en toda consulta o encuesta que se realiza.
No priorizar los intereses de la gente y convertir al Congreso solamente en un centro de disputas partidarias y metodológicas desvirtúa el sentido de la vida democrática, que se basa en la fortaleza del Parlamento como punto de equilibrio para el sistema.
