La estadística sobre delitos de distinta índole contra la integridad de menores de edad arroja resultados escalofriantes. Es una situación que no conoce fronteras y que los estados no logran controlar ni, mucho menos, erradicar.
Lo más complejo para lograr la detección de violaciones de distintas características contra la niñez estriba en que, en muchos casos, se producen en el entorno familiar y pocas veces se denuncian, ya sea por amenazas de los abusadores como por temor de las víctimas a un castigo mayor.
En la Argentina, entre otros sitios digitales configurados para formalizar denuncias, existe la línea 137, dependiente del Gobierno nacional, enfocada a dar contención, asistencia y acompañamiento a las víctimas de violencia sexual en el seno familiar, como asimismo por casos de grooming (un delito que consiste en el acoso sexual y virtual a niños, niñas y adolescentes por parte de mayores).
En ese sentido, vale repasar los datos estadísticos de esa plataforma de comunicación para concluir en que estamos frente a un problema preocupante, que merece la intervención efectiva de las instituciones pertinentes, entre ellas la Justicia, para sancionar con el peso de la ley a los incalificables abusadores.
Dicen los informes que la citada línea 137 atendió más de 16 mil casos de violencia infantil en un lapso de seis años. El estudio se divulgó recientemente en coincidencia con el Día Mundial para la Prevención del Abuso Sexual contra la Niñez.
Los datos nos llevan a indagar en los subsuelos de conductas inmorales y de grupos familiares en descomposición, a tono con una crisis social atroz.
Dar cuenta de menores de edad que son ultrajados en sus propios hogares nos lleva a pensar en una degradación social sin límites. Caímos en los socavones de la impotencia y orillamos la vergüenza.
No es para menos: según el informe, la cantidad de menores que en el país sufrieron el azote de la violencia sexual entre 2017 y octubre de 2023 asciende a 16.286 casos. Es necesario un urgente llamado a la acción del Estado en la tarea de prevención y de investigación judicial y policial para dar con los delincuentes, en función de las miles de denuncias que se presentan cada año.
“Desde 2017 a 2021 se registra un incremento interanual constante en la cantidad de menores violentados sexualmente. En ese período se experimentó un aumento del 91 por ciento”, señala el informe.
Desde un plano global, Unicef, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, ha dado muestras categóricas acerca de las permanentes violaciones a los derechos consagrados de la niñez. Y en ese contexto se pone en recuadro la preocupación por los ataques sexuales en perjuicio de la minoridad, ya sea de manera presencial o las profusas opciones que ofrecen las redes informáticas.
El tema no puede estar ausente en cualquier agenda presente y futura de gobierno. De otra forma, lo más probable es que lleguemos tarde.
