Cada tanto, algunos segmentos de las realidades que no vemos emergen al solo efecto de recordarnos nuestras asignaturas pendientes. En no pocos casos, estas son deudas de antigua data, esas que la política –quienes la hacen– se empecinan en soslayar por su poco rendimiento en materia de marketing. Y el de los problemas de las personas con discapacidad es uno de nuestros temas más sensibles y menos atendidos, tal como lo ha vuelto a visibilizar el paro que la Asamblea de la Discapacidad concretó hace unos pocos días atrás.
Ni la Nación ni las provincias salen bien paradas del escrutinio en un tema que afecta a no pocos hombres y mujeres que afrontan una lucha desigual, unos por sus impedimentos de diversa naturaleza y otros por poderosas razones económicas.
Los diversos puntos contenidos en el reclamo merecen una consideración particular, pero todos y cada uno inciden en el Sistema Integral de Inclusión, afectado por la burocracia, por el ahogo económico y por la indefinición de prioridades. En otras palabras, que el sistema en cuestión poco responde a la naturaleza de sus funciones.
Claramente se visualiza como trasfondo un argumento económico que no se explicita, pero que salta a la vista. Así lo reflejan los recortes presupuestarios en áreas sensibles como Educación y Salud. Ello lleva a pagos de prestaciones que las obras sociales postergan por seis o más meses, servicios y especialidades que no se incorporan a los respectivos nomencladores y honorarios de los profesionales involucrados que se ajustan muy lejos de los valores impuestos por una inflación que devora los recursos antes de que estos estén disponibles. Ajustes que, por cierto, también se perciben diferidos.
En medio de ese cuadro en el que coinciden la Nación y las provincias, hay gente, esa a la que se invisibiliza y de vez en cuando aparece en la forma de una persona con discapacidad que un supermercado pone a embolsar mercadería en una línea de cajas o a asignar turnos tras el mostrador de una dependencia oficial, nada que implique forma alguna de superación individual. “Tokenismo” es la palabra que se ha acuñado para definir esta manera de hacer como que se está cumpliendo lo que se incumple.
Como en casi todo lo que nos ocurre, hay una ley nacional que se incumple, esa antigua costumbre argentina de legislar para eludir: se trata de la 22.431, que establece el cupo laboral del 4% para discapacitados, algo que debería llamar la atención de la Agencia Nacional de Discapacidad, que suele ser noticia cuando se judicializa la falta de atención de uno o de muchos.
No se requiere abundar demasiado en esto para entender que se posterga a sectores minoritarios que no tienen poderosas representaciones que los defiendan ni hacen cortes o acampes. Y que la sana práctica democrática impone la atención de los más débiles. Hay quienes lamentablemente lo olvidan.
