El frustrado debate de la denominada ley de Ficha Limpia, en la Cámara de Diputados de la Nación, habla de la poca seriedad con que la dirigencia política suele abordar temas vitales para el sostenimiento de la calidad institucional en la Argentina.
No se trata de nada nuevo. Es una legislación que ya tuvo intentos de tratamiento, sin éxito, en períodos anteriores y que, como en el caso de Mendoza, sí obtuvo el respaldo necesario de la clase dirigente para poner en práctica una normativa que aleje un poco más de las estructuras de poder a quienes delinquen.
Es pertinente recordar que el proyecto en cuestión incorpora al artículo 33 de la ley orgánica de los partidos políticos (número 23.298), la prohibición del acceso a candidaturas de cargos públicos electivos a “personas condenadas por delitos de corrupción, aun antes de que sea ejecutoriada, y siempre que la sentencia provenga de un tribunal de segunda instancia”. El hecho previsto se extenderá desde la sentencia condenatoria en segunda instancia hasta su eventual revocación posterior, o bien hasta el cumplimiento de la pena que corresponda.
Básicamente, los delitos incluidos en esta reforma son cohecho y tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, exacciones ilegales, enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados y encubrimiento.
Está en juego la adopción de una legislación que, si bien no puede impedir el derecho constitucional de cualquier persona a ser candidata, debe ser altamente restrictiva en cuanto a los requerimientos éticos para asumir la representación popular. Como señaló uno de los expertos consultados por el Congreso en el análisis de la propuesta en comisiones, “no es un juicio definitivo sobre las condiciones de una persona, sino que es un requisito de legitimidad”.
Es que la seriedad del tema se fundamenta, precisamente, en muchas opiniones de expertos en derecho constitucional consultados por los legisladores antes de las frustradas sesiones convocadas para la eventual aprobación de la norma. La ley en cuestión debe ser estricta, es decir, capaz de demostrar a la opinión pública de que el instalado diagnóstico de que vivimos en un país corrupto se puede comenzar a eliminar. Proteger al elector, es decir, al ciudadano, ofreciéndole una “oferta electoral” que cumpla con los requerimientos de idoneidad que fija la propia Constitución.
Lamentablemente, las dos frustradas sesiones recientes por falta de quórum dieron lugar a muchas especulaciones y conjeturas sobre posibles acuerdos entre el oficialismo y la oposición que lo que logran es, una vez más, dejar mal parada a la dirigencia en su conjunto.
La aprobación de Ficha Limpia fue prometida por el presidente de la Nación durante su discurso ante el Congreso al inaugurar, en marzo, el período ordinario de sesiones ya finalizado formalmente. Por lo tanto, debe el oficialismo parlamentario justificar debidamente por qué la falta de quórum reciente incluyó a varios de sus ya escasos miembros. Tampoco resultó afortunada la apreciación del jefe de Gabinete de la Nación sobre la misteriosa reticencia al debate: “puede interpretarse como una proscripción”, dijo el funcionario en alusión a la situación de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, condenada por corrupción en segunda instancia.
Lo deseable, por lo tanto, es que el énfasis puesto por los diputados que, impotentes, vieron caer dos sesiones en cuestión de días por falta de quórum encuentre pronto la solidaridad necesaria de la mayoría del Congreso para avanzar con una ley necesaria para la salud de las instituciones de la República.
