En el círculo vicioso de nuestra política, como no hay consenso para encarar problemas estructurales de larga data, quienes gobiernan generan soluciones provisorias, que el gobierno siguiente reformula.
Nadie ataca las cuestiones de fondo, el tiempo pasa y los problemas se agravan.
Las principales fuerzas políticas, en vez de dialogar y, mediante el consenso, compartir el costo político que implican ciertas reformas, prefieren echarse culpas bajo el argumento de la “herencia recibida”.
En consecuencia, discuten quién hizo peor las cosas en el pasado, o errores del presente, en vez de sentarse a pensar cómo mejorar la situación a futuro.
En ese penoso devenir, cada tanto el país se ve obligado a renegociar sus deudas. Porque uno de los problemas estructurales de nuestra economía es que el Estado constantemente gasta más de lo que recauda.
El déficit fiscal genera dos inconvenientes. En un sentido, el Estado le hace frente mediante el aumento de la presión impositiva, la emisión de deuda o la emisión de pesos. Cualquiera de estas alternativas impacta negativamente sobre la inflación, porque, en otro sentido, si los egresos superan los ingresos, nunca se puede destinar una parte de las cuentas públicas a pagar las deudas.
Es lógico, en ese contexto, que cuando les decimos a nuestros acreedores que nos estiren los plazos de pagos, nos pidan a cambio algunas reformas que relativamente les den garantías de que esta vez sí podremos ahorrar para pagar.
Claro que, cuando eso ocurre, una parte de la dirigencia política pone el grito en el cielo, bajo el argumento de que los negociadores argentinos están aceptando imposiciones de ajuste que van en contra de las necesidades del pueblo argentino.
La verdad es que el pueblo argentino se está hundiendo en la pobreza, en forma lenta pero inexorable, y los problemas se vuelven cada vez más complejos e irresolubles.
Todo esto se puede ver en el plano previsional. El Estado se hizo cargo de las jubilaciones, a las que destina casi la mitad de su presupuesto anual. Hay 9,4 millones de aportantes activos, cifra que no alcanza para sostener los 5,4 millones de jubilados y pensionados existentes.
Para advertir la complejidad de la situación, hay que desagregar esos números. Un tercio de los aportantes (personal doméstico, monotributistas y monotributistas sociales) hacen aportes mínimos, pero tendrán derecho a una jubilación mínima. Y hay por fuera del sistema unos seis millones de trabajadores informales o cuentapropistas, sin aportes, que en algún momento presionarán por entrar al sistema.
Porque, del lado de los beneficiarios, sólo un tercio cumplió con los aportes correspondientes.
Entonces, si el resto consiguió una jubilación en igualdad de condiciones, quienes no aportan tienen derecho a creer que ellos también recibirán el beneficio.
Además, no debemos olvidar que Anses paga asignaciones y planes varios a otros siete millones de personas.
Corolario, si mañana el Estado dejara de emitir, no podría abonar todo eso el mes que viene. Pero esa emisión complica el cuadro que nadie quiere solucionar.
¿Hasta cuándo podemos seguir así?
