En el Senado de la Nación sigue pendiente de consideración la postulación del juez federal Ariel Lijo para ocupar un cargo vacante en la Corte Suprema de Justicia. Es una nominación que sorprendió en su momento a raíz de antecedentes polémicos del juez en su condición de magistrado en lo criminal y correccional. Meses después es llamativo que el oficialismo no muestre preocupación ante la suma de cuestionamientos públicos registrados a partir de su postulación.
Es pertinente reiterar que en su trayectoria como juez federal el doctor Lijo tuvo que hacer frente a muchas denuncias atribuidas a demoras en el manejo de causas a su cargo y en las que la investigación se dirigía hacia funcionarios públicos denunciados por diferentes razones.
Este magistrado carga con haber sido denunciado por garantizar con su actuación hechos de impunidad y de encubrimiento y también pago de coimas en casos que involucraron a distintas administraciones nacionales. Además, el Consejo de la Magistratura tiene en consideración una denuncia proveniente del Congreso por su intervención en una causa por supuestas irregularidades en la obra social del Poder Judicial, que afectó el honor de uno de los actuales integrantes de la Corte. También le cabe al doctor Lijo una muy cuestionable participación en el caso de corrupción conocido como Causa Ciccone.
Volviendo a los cuestionamientos a la nominación que se sumaron en estos días, hubo duras observaciones de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, de la Asociación de Mujeres Jueces, de la organización Poder Ciudadano y del Club Político Argentino, espacio de debate y opinión plural que reúne a políticos, periodistas, académicos y ex funcionarios públicos.
Fue esta última organización la que, en una nota enviada al ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, advirtió que una correcta designación en la Corte “definirá nuestra salud institucional, orientará los valores a defender en la acción política, impactará en la credibilidad de la Justicia por muchos años y dará signos inequívocos sobre las bases morales de nuestro pacto real de gobernabilidad”.
Se añade que “para ello es necesario que se elija a “una persona que tenga altísimo prestigio profesional y ético ganado ante sus pares y la sociedad”, entre otras consideraciones. Y como crítica, apunta el Club Político Argentino que el nombramiento del doctor Lijo en la Corte “se tornaría una burla a la ciudadanía en general y muy especialmente una afrenta ominosa a tantas personas del Derecho”.
Como indicamos en un artículo editorial anterior sobre este mismo asunto, el Poder Ejecutivo Nacional debe garantizar una republicana independencia de poderes llevando a cabo una gestión totalmente despojada de intereses o influencias, fundamentalmente tratándose de la máxima instancia del poder llamado a evaluar y juzgar las acciones políticas.
Las conjeturas sobre un eventual acuerdo del Gobierno con su principal oposición, el kirchnerismo, para allanar el camino del juez Lijo hacia la Corte a cambio de supuestos beneficios o favores de ningún modo condice con la pregonada y prometida depuración de la dirigencia pública pregonada por el ahora presidente Milei desde los tiempos previos a la campaña electoral que lo llevó a un rotundo triunfo en las urnas.
