Un sindicalista y encumbrado dirigente del peronismo entrerriano, que llegó a ser diputado provincial por ese partido, admitió ante el juez que lo investigaba que se apropió de 1.200.000 dólares que le pertenecían al Estado.
Antes de tamaña confesión, el gremialista había establecido un acuerdo con el fiscal, que lo librará de ser encarcelado. La pena de prisión en este caso, que se habría encuadrado bajo la figura del robo, hubiera sido, de todos modos, más bien simbólica: dos años y ocho meses.
El acuerdo judicial implica que deberá devolver los fondos apropiados, amén de quedar inhabilitado de por vida para ocupar cargos públicos. Además, involucra el sobreseimiento de sus tres hijos, su exmujer y su actual pareja, personas a las que supo ubicar en distintas reparticiones del Estado y que la investigación judicial había incluido en el proceso, bajo la hipótesis de que eran testaferros del acusado.
Como es lógico, el caso da pie para múltiples reflexiones. Por un lado, representa una buena noticia que la Justicia haya investigado a un poderoso dirigente político y sindical con la meticulosidad necesaria para que no le quedara otra alternativa que confesar el delito. Con todo, tal vez se podría haber llegado al mismo resultado mucho antes, ya que las denuncias contra el implicado se acumulan en los medios de comunicación entrerrianos desde la década de 1990.
Ahora bien: por otro lado, el acuerdo alcanzado entre la fiscalía y el acusado se convierte en una especie de nueva y paradigmática plataforma a partir de la cual discutir cómo se deben encuadrar estas causas. ¿Se puede hablar de robo cuando un político se apropia de dineros del Estado? ¿Es lo mismo, en última instancia, si robó en una sola ocasión el monto reconocido que si lo hizo en reiteradas y periódicas oportunidades, hasta llegar a esa cifra? ¿No habría que diferenciar entre un robo y un hecho de corrupción, con penas bien distintas?
Ello nos lleva a otras preguntas, de mayor envergadura. Primero, ¿por qué no está dispuesta la dirigencia política a legislar para aumentar las penas de los políticos que delinquen? Segundo, ¿por qué no se admite la imperiosa necesidad de una reforma sindical que democratice los gremios e impida que el sistema esté dominado por estos supuestos representantes de los trabajadores que se enriquecen de manera obscena?
Como el patrimonio del acusado equivale a varios millones de dólares e incluye barcos, casas en Entre Ríos y en Buenos Aires y una colección de autos, tras saldar las cuentas con el Estado, no perderá su condición de millonario. Mientras tanto, todos sus familiares seguirán gozando de ese empleo público que él les supo conseguir, y si hacen las cosas de manera satisfactoria, en su momento obtendrán una ventajosa jubilación.
Visto así, es meritorio que el fallo demuestre que se le puede poner fin a la impunidad con los instrumentos legales disponibles. Pero no parece “hacer justicia” en toda la extensión del término.
