El reciente fallo contra la Argentina por la expropiación de la petrolera YPF adquiere el rango de vergonzoso por otro pésimo procedimiento llevado a cabo por el kirchnerismo ejerciendo la conducción del gobierno nacional.
Tras la sentencia inicial, la jueza neoyorquina Loretta Preska dejó firme a los pocos días su fallo, que llegó luego de una demanda que duró más de ocho años.
De esta manera, nuestro país deberá pagar 16.100 millones de dólares por la mala expropiación de YPF en 2012, durante el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
La magistrada dejó en evidencia el avance sin miramientos del gobierno argentino de entonces contra los intereses privados en la petrolera, que básicamente consistió en no cumplir con el paso correspondiente a la oferta pública que se debería haber realizado por el interés en la empresa.
La sentencia sacó de su prolongado silencio a la vicepresidenta de la Nación, que, como era de esperar, criticó el fallo de la jueza norteamericana siempre con su estilo suspicaz y desafiante, con lo que difícilmente la imagen del país pueda mejorar ante instancias delicadas y determinantes como la que debe enfrentar con este fallo lapidario.
Esto se sumó a otras intervenciones inadecuadas desde el propio kirchnerismo, como la del actual gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, partícipe en aquel año del atropello estatal sobre YPF con su rol gravitante de entonces en el Ministerio de Economía.
Además de cuestionar el fallo e ironizar en público diciendo “tengo que juntar 16 mil palos”, Kicillof dijo que “tampoco extraña que los buitres nacionales salgan a carroñar”. Inentendible.
La apelación del fallo por parte de la Argentina es posible, pero señalan especialistas en este tipo de demandas que se corre el riesgo de que no acompañe un resultado satisfactorio en esa nueva instancia, además del costo adicional que la apelación en sí va a ocasionar.
Por otro lado, la posibilidad de cualquier pedido de reconsideración del fallo habría quedado de lado tras la ratificación de la sentencia por parte de la magistrada actuante.
Este tremendo y lamentable paso en falso de la Argentina, uno más de una serie importante en los últimos años, es la consecuencia de otra de las grotescas decisiones adoptadas por el kirchnerismo en materia política.
Como señalamos anteriormente, una oferta de compra a los accionistas menores en aquel momento hubiese evitado que Eskenazi vendiera el derecho a reclamo judicial de una reparación monetaria, que es lo que ahora nuestro país deberá enfrentar en medio de una crisis económica interna totalmente desfavorable para encarar ese tipo de negociación.
Aunque oportunista, por encontrarse el país en pleno proceso electoral, es correcta la reacción condenatoria desde los principales sectores de la oposición. No deberían producirse nunca más acciones irresponsables desde el ejercicio del poder, como es el juicio por la expropiación de YPF, que contribuyan al ya ganado descrédito que tiene la Argentina a nivel internacional por su constante incumplimiento en el pago de obligaciones y por la inseguridad jurídica que a posibles inversores generan decisiones como la que terminó con este juicio lógicamente perdido.
