La nueva disposición de la Cámara Federal de Casación Penal volvió a colocar en la mira dos de las causas más polémicas que involucran a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Al reabrirse los expedientes de “Hotesur - Los Sauces”, la actual vicepresidenta de la Nación, junto a otros 25 acusados, entre los que se encuentra su hijo Máximo Kirchner, deberá enfrentar procesos fundamentales para el esclarecimiento de otra parte de una trama de corrupción en el Estado que sufrió la Argentina en las últimas décadas.
Debe recordarse que hace más de un año dos de los tres jueces del Tribunal Oral Federal 5 habían sobreseído a Cristina de Kirchner y a unos treinta imputados más, acusados de asociación ilícita y lavado de dinero, sin siquiera haberse llegado a la instancia del debate oral correspondiente en este tipo de juicios, alentando en aquel momento las fundadas sospechas de favoritismos por cuestiones políticas y hasta ideológicas.
Además, la reciente instancia de Casación Penal ordenó la reapertura de un caso originado por otra polémica decisión de los gobiernos de Cristina Kirchner: la investigación judicial sobre lo que se conoce como Pacto con Irán, con relación a la participación de ese país en el luctuoso atentado a la sede de la AMIA, en julio de 1994.
Es importante destacar que este último expediente se inició a partir de la denuncia efectuada en enero de 2015 por el fallecido fiscal Alberto Nisman, hallado muerto en su departamento pocas horas antes de formalizar su denuncia del caso en el Congreso.
La ex Presidenta es acusada por encubrimiento agravado. Este caso, en que también hubo sobreseimiento previo sin debate oral, le sirvió a la actual Vicepresidenta para reiterar y sostener su teoría de que todo trámite judicial en su contra formó parte de una trama política para atacarla, aludiendo, por lo tanto, al supuesto lawfare que embistió contra ella y las autoridades que la acompañaban en cada una de las etapas de sus gobiernos que terminaron en la Justicia. Increíble argumento.
Cristina Fernández de Kirchner tiene hasta el momento una sola sentencia condenatoria, a seis años de prisión, por la llamada causa Vialidad, que, de todos modos, se encuentra en instancia de apelación en la Casación y por lo tanto no se encuentra firme.
Otro aspecto a tener en cuenta para valorar la importancia que tiene la reciente decisión de la Cámara Federal de Casación Penal es el esfuerzo de la justicia independiente para dejar atrás todo tipo de presiones provenientes del kirchnerismo. Como ejemplo, corresponde recordar que, desde su regreso al poder, en diciembre de 2019, el movimiento político que responde a Cristina Kirchner lanzó una clara estrategia para atenuar la acción judicial en su contra. En esa dirección actuó la Oficina Anticorrupción, que dispuso apartarse de su rol de querellante en las principales causas, interrumpiendo de ese modo la acción emprendida durante la gestión presidencial anterior.
Es de esperar que este firme replanteo de causas judiciales fundadas en denuncias de corrupción y de encubrimiento de una acción internacional criminal en territorio argentino tengan el correspondiente abordaje y de una buena vez permitan ver la acción de la justicia independiente.
