La provincia de Mendoza tiene entre sus principales desafíos superar el problema acuciante de los barrios populares, que son asentamientos y urbanizaciones informales donde se ubican miles de hogares con distintos grados de hacinamiento y déficit de servicios básicos.
En Mendoza el número de barriadas de este tipo alcanza a 360 y en sus precarios límites residen alrededor de 20.000 familias. Estos números podrían inclusive haber crecido.
A nivel nacional, a fines de 2023, los registros oficiales daban cuenta de la existencia de 6.467 urbanizaciones precarias, estimándose en 1,5 millón de familias.
Estas urbanizaciones informales tienen muchos problemas, entre los que se cuentan la situación dominial irregular en la tenencia del suelo y un número importe de sus habitantes no cuenta con título de propiedad del lote ocupado, sin acceso al menos de dos de los servicios básicos: agua corriente y energía eléctrica con medidor domiciliario y/o red cloacal.
El relevamiento cualitativo y cuantitativo de estos barrios populares quedó oficializado mediante la creación del Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), situación que convalidó la ley nacional 27.453, declarando de utilidad pública los terrenos ocupados por estas villas y asentamientos, diferenciándose entre sí porque las primeras tienden a tener una trama irregular, es decir que no se distribuyen en manzanas, mientras que los asentamientos mantienen los formatos de manzanas de la ciudad formal y suelen tener menor densidad poblacional que las villas.
Mendoza adhirió por norma legislativa al ordenamiento que hemos descripto, creando el Comité Provincial de Integración Socio Urbana de los Barrios Populares, constituido por miembros de los poderes Ejecutivo y Legislativo, junto con representantes del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) y delegados comunitarios.
Desde esta columna proponemos de manera urgente la plena actuación del ya mencionado Comité de Integración, atendiendo a los beneficios directos que recibirán los núcleos hoy ocupados por miles de familias, que en pleno siglo XXI residen en condiciones muy precarias, obligando a niños y niñas a crecer en hábitats no adecuados para su pleno desarrollo.
Es verdad que el momento es muy, difícil a nivel provincial y país, ante la suspensión de los recursos financieros para las operatorias de integración dispuesta por el Gobierno nacional.
Sin embargo, por la labor supletoria del Comité se podrían intentar algunas operatorias que, si bien no erradicarían totalmente las dificultades de estas barriadas, podrían aportar soluciones y mejoras a la penosa vida diaria de una considerable parte de la sociedad mendocina.
Si el todo no se puede alcanzar, al menos lograr progresos paulatinos. En ese orden, señalamos como temas a resolver la titularidad de lotes, la construcción de obras de urbanización, la provisión de agua, saneamiento y electricidad y, si se pudiese, en algunos lugares levantar nuevas viviendas en reemplazo de estructuras irrecuperables y mejorar las unidades de posible mejoramiento.
Cabe concluir afirmando que el acceso a una vivienda digna es uno de los problemas estructurales más relevantes del país y de nuestra jurisdicción provincial. A nivel nacional, cerca del 12% de la población vive en urbanizaciones precarias, sin titularidad de las tierras que habita hace décadas y sin acceso a agua corriente, cloacas o una red eléctrica segura.
Con los dispositivos y normativas legales disponibles, el desafío debe ser ir avanzando, aunque sea de a poco, con la integración sociourbana de los barrios populares que están dispersos por toda la geografía del territorio. La dignidad de vivir mejor que se otorgaría a un número elevado de ciudadanos y la mejoría en salud, la educación y el bienestar de los niños que allí residen, sería un estímulo justificable para encarar estas metas.
