Uno de los puntos de mayor debate en el análisis del proyecto de Presupuesto nacional para el año próximo fue el de la intención del oficialismo de imponer el pago de Ganancias entre los jueces y empleados del Poder Judicial con alto rango.
No fue un asunto incluido en la propuesta enviada por el Ejecutivo para análisis en la Cámara de Diputados, sino una de las tantas incorporaciones que llegan tardíamente, muchas veces con intencionalidad política.
Es lo que corresponde interpretar si se tiene en cuenta la confrontación con jueces y fiscales federales que ha caracterizado al kirchnerismo en sus gobiernos, en especial a partir de los juicios iniciados por denuncias de irregularidades y actos de corrupción contra muchos de sus referentes, comenzando por la actual vicepresidenta de la Nación.
Esa sospecha de una nueva embestida política contra la Justicia llevó a la oposición en general a buscar poner freno a la pretendida incorporación en el Presupuesto de una modificación a la ley que regula lo relacionado con lo que deben tributar los magistrados. Así, una importante mayoría opositora votó en el recinto en contra de esa modificación y quedó de lado, una vez más, el riesgo de un conflicto de poderes por culpa del enceguecido oficialismo.
El debate sobre la necesidad de cumplimiento con este tributo en la Justicia no es nuevo. Y muchos de los jueces con trayectoria, incluyendo a los integrantes de la Corte, siempre compartieron la necesidad del pago del polémico impuesto.
Sin embargo, se buscó el modo de no violentar los ingresos de jueces y fiscales para no caer en planteamientos de inconstitucionalidad, puesto que la Constitución Nacional destaca con claridad la necesidad de mantener la intangibilidad de los sueldos de los magistrados.
En ese marco, durante la gestión presidencial anterior se inició la discusión del tema entre los poderes del Estado, llegándose a la conclusión de que lo que se decidiera debía quedar plasmado en una ley.
Así se estableció que se exigiría el pago del gravamen a todos los magistrados designados en sus cargos a partir de 2017, disposición que rige normalmente. Llegará el momento en que todos paguen el tributo.
El juez Ricardo Lorenzetti, uno de los miembros de la Corte con firme participación en aquella discusión del tema en cuestión, explicó que de todos los modelos existentes en otros países para resolver situaciones como la planteada, se eligió el sistema de Estados Unidos, con un enfoque progresivo, no traumático, respecto a la imposición del impuesto.
Y puntualizó que en aquella discusión hubo acuerdo, incluso, entre quienes en ese momento eran oposición y ahora son oficialismo.
Todo lleva a sospechar, una vez más, en una nueva embestida para alentar una eventual renovación de jueces y fiscales por intereses políticos y no por el mejoramiento del servicio de justicia.
La Argentina tiene, en casi todos los ámbitos, una inclinación constante a variar las reglas de juego por simple conveniencia. En esa línea se mueve el oficialismo de turno y este caso que nos ocupa no es la excepción, ya que si bien lo justo, lo correcto es que no haya sectores ni corporaciones excluidas del impuesto a las ganancias entre todos los que cobran lo suficiente para tributarlo, no se debe faccionalizar el debate subordinándolo al ajuste de cuenta entre poderes, que fue la razón principal que motivó esta intentona del gobierno: proseguir su particular guerra contra la Justicia.
