El Gobierno nacional evalúa la implementación de un nuevo esquema de alícuotas para los derechos de exportación que pagan los principales productos agroindustriales, así como la creación de un nuevo fideicomiso para subsidiar el precio de la harina que compran los panaderos.
El mero hecho de que estas medidas sean posibles ratifica la obsesión intervencionista de las autoridades.
El Gobierno cerró el domingo pasado, de manera intempestiva, el Registro de Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) para las exportaciones de harina y aceite de soja.
La Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias recordó que cada vez que se cierra ese registro se pone en vigencia un nuevo esquema de retenciones.
Actualmente, las retenciones al aceite y la harina de soja son del 31 por ciento. ¿Qué sentido tendría aumentarlas si ya son demasiado altas? Aumentar la recaudación, pues se crearían nuevos subsidios para, supuestamente, contener la inflación.
El argumento de fondo vuelve a ser la defensa de “la mesa de los argentinos”. La invasión rusa a Ucrania estaría generando inflación en Argentina porque aumentaron los precios internacionales de las commodities. Las cotizaciones del trigo, del maíz y del aceite de girasol, por ejemplo, subieron porque hay más demanda y está afectada la oferta.
Argentina, entonces, tiene posibilidades de exportar más y a mejor precio. Pero esa oportunidad, según el Gobierno, se nos vuelve en contra porque los productores pretenden trasladar los precios internacionales al mercado interno.
Eso justificaría el diseño de un mecanismo intervencionista que incluya, por un lado, un aumento de retenciones por “ganancias extraordinarias” y, por el otro, la implementación de subsidios internos.
Recordemos que el Gobierno ya puso en funcionamiento un fideicomiso para que las exportaciones de trigo y de maíz subsidien la venta local de fideos secos y de harina triple cero, y otro para el aceite. Ahora se abriría uno para las panaderías.
El problema no radica sólo en las medidas bajo estudio, sino que abarca la conducta y el relato del Gobierno.
Todo intenta manejarse bajo un cerrado hermetismo, pero cuando se producen las primeras filtraciones, la negación del trascendido se superpone con su justificación, lo que simboliza su veracidad.
En este caso concreto, se ha dicho que las retenciones no van a aumentar; que no van a aumentar para todos los productos del campo, ya que algunos se van a beneficiar, y que se aspira a un nuevo esquema de alícuotas que esté en línea con el proyecto de ley para fomentar el desarrollo de la agroindustria, presentado recientemente y que, se sostiene, cuenta con el aval del Consejo Agroindustrial Argentino.
Declarar de modo simultáneo todas esas cosas carece de lógica. No sólo porque son contradictorias, sino también porque si se cuenta con el apoyo de un sector importante del empresariado, el juego del hermetismo y de la medida sorpresiva no tiene sentido.
Lo único que se genera con esa conducta es incertidumbre, que desalienta la producción y la inversión, justo cuando el Gobierno más necesita recuperar la confianza.
