El monóxido de carbono (CO) es un gas tóxico que se emana como subproducto de electrodomésticos, calentadores y automóviles que queman gasolina, gas natural, madera, o gas propano. No tiene color, sabor ni olor.
Las intoxicaciones accidentales por monóxido de carbono ocasionan muchos fallecimientos o pueden dejar considerables secuelas neurológicas, especialmente en moradores de casas de familia de humilde condición.
Aunque todas las personas corren riesgo de intoxicación por CO, es particularmente peligroso para los niños debido a que respiran más rápido.
Frente a un cuadro de tanto riesgo, la precaución y el control de los aparatos de un inmueble sería una de las medidas pero, a pesar de todos los recaudos que se tomen, sabemos que en esta época en que el frío arrecia, estas desgracias suelen ocurrir.
Los propietarios de viviendas son el grupo más afectado por las intoxicaciones por monóxido de carbono.
Según las estadísticas del Ministerio de Salud, en los primeros seis meses de 2018 en Mendoza se registraron 51 casos de consultas por intoxicación por monóxido de carbono.
Un concejal de Godoy Cruz, Martín González (Frente de Todos), logró que en su jurisdicción se aprobara una ordenanza que declara obligatorio el detector de monóxido de carbono en todas las construcciones nuevas que se hagan en ese departamento a partir de ahora. La incorporación de este elemento de protección no encarecería en demasía el costo final de la construcción y en cambio significaría una inversión redituable en protección de vidas y de hospitalización de personas cuando sobreviven a la inhalación del venenoso gas.
El proyecto prevé “la obligatoriedad del uso de sistemas de detección de monóxido de carbono, mediante la instalación de dispositivos debidamente homologados de detección y medida de monóxido de carbono y gas, que dispongan alarma acústica y luminosa, en cada ambiente que cuente con bocas de conexión de red de gas natural de toda vivienda de uso residencial y que comience a construirse con fecha posterior a la sanción de la presente ordenanza”.
Se establece que “las construcciones sólo recibirán certificados de final de obra y de habitabilidad si cada unidad cumple con lo establecido en la ordenanza”.
Los beneficiarios de esas casas tendrían la única obligación de mantener en buen estado ese equipamiento, como ocurre y se espera que ocurra con el óptimo servicio de los materiales que se instalan en un domicilio para evitar que las personas reciban descargas eléctricas.
Otro aspecto a tener en cuenta es la posibilidad de trasladar esta iniciativa de seguridad a las viviendas que se construyan en la provincia, con operatorias municipales y/o del Instituto Provincial de la Vivienda.
