La inflación argentina de 2021 fue del 50,9 por ciento. Apenas un par de puntos menos que el récord de los últimos 30 años, que se registró en 2019 (53,8 por ciento).
Ambos valores son consecuencia de la crisis que se desató a fines de abril de 2018 y que probablemente aún no haya encontrado su fin.
Visto mensualmente, el año terminó de modo similar a como había empezado: en el primer cuatrimestre, el registro más bajo fue 3,6 por ciento, en febrero, y, en el último cuatrimestre, el pico fue en diciembre, que marcó 3,8 por ciento –una cifra muy cercana al 3,5 por ciento de septiembre, que se repitió en octubre–.
En otras palabras, el 2,5 por ciento que el Indec midió en agosto y en noviembre representó una insignificante excepción de la tendencia general: mensualmente, nuestra inflación se ubicó por encima del tres por ciento y no le costó demasiado acercarse al cuatro por ciento, e incluso superarlo.
Estos números son una prueba contundente del fracaso de la política de control de precios en la que se ha concentrado la administración de Alberto Fernández.
En el último segmento del año pasado, el Presidente cambió al secretario de Comercio Interior, que relanzó el programa Precios Cuidados y advirtió a los empresarios que discutiría con ellos tanto sus costos como sus ganancias, amén de supervisar sus existencias para evitar desabastecimientos.
¿Sirvió para algo? Sólo para agrandar las discusiones entre el sector productivo y el Gobierno, que no dejó de señalar que la inflación era responsabilidad de los productores de alimentos, que supuestamente pretenden cobrarles a los argentinos el equivalente de lo que ganan cuando exportan sus producciones.
Sin embargo, como el oficialismo privilegia su opinión por sobre los datos, es muy posible que la visión oficial sostenga que, si no fuera por los controles de precios, la inflación hubiera sido el doble.
Lo cual es relativamente cierto, aunque no funcione como un razonamiento a favor del control de precios, sino todo lo contrario.
Lo que ocurre es que este tipo de medidas genera una inflación encubierta porque estimula una subvaluación de las cosas; así, cuando se liberan los controles, los productores ajustan los precios para compensar el retraso acumulado durante todo el período.
Para que se entienda, si las anclas inflacionarias preferidas por este gobierno –control de precios en alimentos, en combustibles y en otras variables; tarifas casi congeladas; atraso cambiario– han dado en 2021 su mejor resultado posible, en 2022 la inflación no cederá porque el Gobierno deberá permitir que cada una de esas variables suelte un poco de presión.
Como contrapartida, el oficialismo no quiere admitir que la emisión de moneda y la emisión de deuda son el combustible principal de la inflación. Ambas están desbordadas desde hace tiempo para financiar el gigantesco déficit fiscal.
Como hemos dicho en otras oportunidades, sin un buen diagnóstico es imposible asegurar un buen pronóstico.
Urge que el Gobierno nacional diseñe un plan antiinflacionario sobre bases realistas, sin prejuicios ideológicos que son los que los conducen a estos errores de diagnóstico.
