La cambiante política argentina redujo en cuestión de horas un trascendental acuerdo legislativo por la llamada Ley de Bases y dejó al Poder Ejecutivo ante la necesidad de encarar otras estrategias para aplicar su plan de gobierno.
Lo ocurrido el martes en la Cámara de Diputados, cuando el oficialismo decidió reenviar a comisiones el mega proyecto a raíz de disidencias surgidas entre legisladores de los bloques que habían aprobado días antes el mismo proyecto en general, generó un inesperado y preocupante clima de tensión.
Decíamos en esta columna hace una semana que merecía ser destacado el trámite que condujo a la aprobación en general de la ley propiciada por el gobierno nacional, especialmente porque el reducido bloque del oficialismo había conseguido una importante mayoría de votos de sectores opositores dispuestos a apoyar, más allá de las diferencias que se habían planteado en comisiones y que habían obligado al Gobierno a dejar sin efecto numerosos artículos del texto original.
Era valorable el trabajo legislativo en los meses de verano respondiendo al pedido de sesiones extraordinarias que hizo el presidente de la Nación a poco de asumir sus funciones.
Y más destacable resultaba la predisposición del oficialismo a aceptar las correcciones sugeridas desde la oposición dialoguista.
Se trataba de una garantía de gobernabilidad a una corriente política de poco peso legislativo pero avalada por un importantísimo caudal de votos. Un paso fundamental para el sistema democrático.
Lamentablemente, el retroceso del trámite en Diputados derivó en un malestar del Gobierno y el oficialismo en general que echó por tierra lo que se había construido previamente. Cabe preguntar qué llevó a quienes votaron a favor en general a no hacerlo artículo por artículo. Sea cual fuere el motivo, queda en evidencia que algo falló en el vínculo entre los sectores interesados en que la propuesta avanzara.
Más allá de estas conjeturas, debe preocupar que el frustrado abordaje haya dividido aguas tan rápidamente. Tal vez sea la demostración de que, lamentablemente, hubo intenciones fingidas y, en ese marco, rencores sólo cubiertos precariamente por una cuestión circunstancial.
Preocupa que la aprobación en general del gran proyecto del Gobierno no haya servido para consensuar el contenido de los principales artículos. E inquieta aún más que como consecuencia de todo ello hayan vuelto a surgir diferencias sustanciales que caracterizaron a la campaña presidencial del año pasado.
Y que se dé paso a cruces muy peligrosos en lo institucional, como el que se plantea entre la Nación y los gobernadores provinciales por el nivel de distribución de recursos coparticipables y subsidios. Alerta aún más que se hable de traiciones o presiones indebidas de quienes sólo buscarían beneficios sectoriales o particulares.
El difícil momento que en lo económico y social vive la Argentina, es válido reiterarlo, hace imprescindible agotar todas las instancias posibles de diálogo entre los representantes del pueblo.
En una feroz reacción, el presidente de la Nación advirtió a través de las redes sociales a quienes votaron en disidencia que “no estamos jugando un juego” y que “tendrán que elegir de qué lado están”. Es de esperar que los ánimos se calmen y prevalezca entre las partes la mesura y sapiencia de quienes apuestan al diálogo.
