La sociedad argentina mira con asombro y alto grado de indignación las noticias generadas por la denuncia de la ex primera dama Fabiola Yáñez contra su esposo, el expresidente Alberto Fernández.
Textos e imágenes de chats que dan paso a la investigación de repudiables y condenables episodios de violencia de género.
Alberto Fernández aseguró, como respuesta, que el hecho por el cual se lo imputa “jamás ocurrió”, pero la Justicia sigue su curso y ahora se espera que la señora Yáñez lleve a cabo la declaración complementaria de lo que denunció, dando paso a un proceso que ponga las cosas en su justo lugar.
Por otra parte, en el marco del mismo caso también salieron a la luz escenas en las que Fernández utilizaba su despacho presidencial para compartir momentos románticos con damas a las que supuestamente él mismo invitaba.
Todo condujo a que en las últimas horas el juez interviniente dispusiera el allanamiento del domicilio del ex primer mandatario para secuestrar su teléfono celular.
Y no deja de impactar que todas estas actitudes repudiables del ex jefe de Estado se conocieran en el curso de la investigación judicial por la grave causa por tráfico de influencias y beneficios por la contratación de seguros para organismos y empresas del Estado, tema del que nos ocuparemos en su momento en este espacio de opinión.
En todos estos escándalos los chats que recibía y emitía la secretaria privada de Fernández, María Cantero, fueron fundamentales para encontrar y enjuiciar esa importante trama de corrupción.
No señalamos nada nuevo si recordamos que el personaje que dejó la presidencia de la República hace sólo ocho meses reiteró en múltiples oportunidades, durante su mandato, que su llegada al poder traía consigo terminar con las turbiedades de “los sótanos de la democracia” y que, en línea con el escándalo parental que ahora lo compromete, instó públicamente a terminar con la violencia con la mujer, al extremo de crear un ministerio afín que, en la práctica, nunca cumplió con su cometido, ni siquiera para enterarse de que Fernández golpeaba a su pareja.
Y tampoco se puede olvidar la fiesta de cumpleaños en Olivos de Fabiola Yáñez durante la pandemia, cuando los argentinos debían vivir en el encierro por cuarentena que él mismo impuso. Recuérdese que públicamente, ante dicho escándalo, Fernández responsabilizó del evento festivo a su “querida Fabiola”.
La Justicia está actuando. Alberto Fernández, como cualquier ciudadano, tiene ahora derecho a su legítima defensa y este hecho puntual de violencia contra su exmujer deberá ser esclarecido y juzgado, aunque la muy devaluada palabra del ex primer mandatario juega rotundamente en contra de los argumentos que pueda presentar.
Desde todo punto de vista, lo ocurrido es de altísima gravedad en el plano institucional.
Prácticamente no hay antecedentes, en nuestra vida democrática reciente, de semejante atropello a la moral en el cumplimiento de la función pública.
Es por ello que lo que se espera que suceda, una minuciosa y contundente investigación y determinación judicial, sirva de antecedente para una dirigencia política que, en general, mira para un costado y se desentiende de hechos aberrantes como los que hoy nos toca a los argentinos comprobar con tristeza e indignación
