La reciente toma, con acampe durante 24 horas, de tierras privadas en Lago Escondido, provincia de Río Negro, constituye un nuevo avasallamiento a la propiedad y desconocimiento del funcionamiento de las instituciones por parte de la organización social que tomó la lamentable iniciativa, incluso con la presencia de un diputado nacional del oficialismo.
Esta embestida se suma a las sistemáticas y frecuentes tomas que realizaron grupos pseudomapuches, que reclamaron en innumerables ocasiones tierras de uso privado en nombre de reivindicaciones históricas, pero casi siempre utilizando la violencia como primer recurso para poder consumar sus objetivos.
En este caso puntual lo que está en discusión es el acceso público a esa hermosa zona del sur del país. La Justicia ya determinó que el ingreso a la zona de dicho lago debe ser libre. Por lo tanto, de ninguna manera se puede tolerar que mediante el uso de la fuerza y de la invasión a lo que no les pertenece grupos sociales (piqueteros) adopten una postura como la que demostró el dirigente Juan Grabois junto a sus seguidores. Incluso, con amenazada de repetir la aventura.
Definitivamente, corresponde al Poder Judicial obligar a los propietarios del lugar cumplir con una sentencia sobre dicho acceso al espacio En todo caso, es ante la Justicia donde se deben realizar dichas gestiones y, por qué no, presionar para que se cumpla con lo que está debidamente establecido.
No pasó inadvertido el silencio, con respecto a lo ocurrido, por parte del gobierno de la provincia de Río Negro. Sí hay que destacar que el grupo ocupante terminó su acción y desarmó sus carpas en presencia de un fiscal y de efectivos de la policía de esa provincia que llegaron para garantizar seguridad.
No es admisible que un movimiento social pretenda ocupar una propiedad que no le pertenece de manera total o parcial. Es por ello que se entendió la reacción de trabajadores de la firma dueña del predio, que forcejearon con los usurpadores en lógica defensa de su fuente laboral.
Tomas previas en otros lugares de la Argentina pusieron siempre en alerta a pobladores y propietarios en virtud del sistemático avasallamiento a los derechos de propiedad que estos grupos han llevado a cabo.
Es una situación que siempre preocupa a una gran mayoría de la sociedad por las posibles derivaciones que, con el paso del tiempo, puedan tener dichas actitudes si las autoridades no son capaces de ponerles el correspondiente freno. Y es evidente que el actual gobierno nacional ha sido bastante contradictorio en su obrar sobre este tema.
Los difíciles momentos políticos y sociales que atraviesa la Argentina necesitan de firmeza por parte de las autoridades para que se respete la vigencia de la ley. Y que, por lo tanto, ésta impere en cada conflicto o diferencia, fundamentalmente cuando lo que está en juego es el respeto a la propiedad privada.
