Chile pretende apropiarse de una parte de la plataforma continental argentina y de una extensa área de los fondos marinos y oceánicos. La urticante situación deberá ser resuelta a través del diálogo en defensa de los derechos argentinos y de los acuerdos internacionales, además de mantener la histórica hermandad de nuestros pueblos.
En los últimos días de agosto pasado, el Gobierno de Chile anunció, de una manera imprevista, que reivindica la posesión de una amplia zona de la plataforma marítima en el océano Atlántico Sur, que forma parte de nuestro país, por derechos internacionales que así lo reconocen.
Esta nueva controversia agita alarmas porque el último antecedente entre ambos Estados fue la disputa por el canal de Beagle, un diferendo que casi desemboca en una guerra en 1978 y finalizó con el Tratado de Paz y Amistad firmado en 1984.
Efectivamente, la administración de Sebastián Piñera publicó, en el Diario Oficial de ese país, una medida relativa a los espacios marítimos, francamente abusiva. La disposición pretende proyectar la plataforma continental al Este del meridiano 67º 16′ 0, lo cual claramente se contradice con el Tratado de Paz de 1984.
De esta manera, el vecino país ampliaría la plataforma continental de su país en unos 30.500 kilómetros cuadrados. Según Argentina, 5.500 de ellos nos pertenecen y, el resto, son patrimonio universal.
El límite exterior de la plataforma continental argentina en esta zona se refleja en la ley nacional 27.557, aprobada el 4 de agosto de 2020 por unanimidad en ambas Cámaras del Congreso de la Nación y promulgada por el Poder Ejecutivo el 24 de agosto de ese mismo año.
Dicha ley no hace sino recoger, en una norma interna, la presentación oportunamente efectuada por el Gobierno argentino sobre dicha zona ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental (CLPC).
Esa presentación se ajusta en todo al Tratado de Paz y Amistad de hace 37 años y fue aprobada sin cuestionamientos por dicha Comisión con los efectos de establecer un límite marítimo definitivo y obligatorio de conformidad con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar). Ni la presentación ni la decisión de la Comisión fueron rebatidas por Chile.
La medida intentada por Chile pretende apropiarse de una parte de la plataforma continental argentina y de una extensa área de los fondos marinos y oceánicos, espacio marítimo que forma parte del Patrimonio Común de la Humanidad.
El ministro de Relaciones Exteriores, Felipe Solá, rechazó de plano el decreto del Gobierno de Sebastián Piñera y pidió la adhesión de los distintos bloques del Parlamento y de las fuerzas políticas locales, porque el tema no es patrimonio de un gobierno sino una política de Estado.
Habrá que ver en los próximos días cuál será el procedimiento y la metodología más adecuada para iniciar las conversaciones para establecer un diálogo diplomático.
Hay muchas cosas en juego, entre otras, las relaciones culturales, históricas, sociales y turísticas entre ambas naciones que deberán sopesarse. Pensemos de qué modo afectaría la vinculación de una provincia como Mendoza con la hermana república, de tensionarse la situación por la exigencia chilena.
Coincidimos con el experto en el Atlántico Sur, doctor César Lerena, en que “este reclamo chileno debería resolverse entre ambas Cancillerías, evitando pasar por arbitrajes que tensionan, respetándose las mutuas soberanías y de la manera más efectiva, para que estas diferencias no sean funcionales a intereses ajenos a Sudamérica”.
