A fines de abril vence la concesión del tramo argentino de la hidrovía Paraguay-Paraná, y una discusión interna del Frente de Todos, supuestamente ideológica, traba la correspondiente licitación. Entonces, lo más probable es que quede en manos de un comité estatal hasta que se resuelva la cuestión de fondo, que no es otra que un nuevo intento de estatización.
La hidrovía abarca casi mil kilómetros de ríos y canales por los que circulan más de 4.300 buques por año, los cuales transportan más del 60% de nuestras exportaciones. Se les cobra un peaje por circulación y por provisión de servicios, que representa 200 millones de dólares anuales.
El kirchnerismo quiere estatizarla. A fines de agosto de 2020, el presidente habría dado un paso en esa dirección. Sostuvo que la hidrovía debía ser gobernada por las provincias; creó una empresa estatal para controlar la concesión, compuesta por el Estado nacional y las 7 provincias que son unidas por la red fluvial, y dispuso radicar sus oficinas en Rosario, como una muestra de federalismo.
Pero en noviembre Fernández decidió llamar a licitación por decreto “a riesgo empresarial y sin aval del Estado”, o sea sin subsidios. Facultó para ello al Ministerio de Transporte, que está en manos de un referente del massismo, cuya idea es una nueva concesión con un esquema de control más riguroso.
Distintas figuras del kirchnerismo intentan frenar el proceso. Desde lo discursivo, el dirigente social Juan Grabois apoyó la estatización en nombre de una supuesta soberanía deteriorada porque los puertos están privatizados; y el sindicalista Juan Carlos Schmid se mostró a favor de recuperar lo que hacía el Estado antes de la privatización en la década de 1990 .
El senador Jorge Taiana, pidió interpelar al ministro de Transporte en la Cámara Alta para que especifique qué participación tendrán el Estado nacional y las provincias en el nuevo esquema.
Cuando una fuerza acuerda una acción legislativa, la pregunta vital es si tiene los votos suficientes para alcanzar el objetivo. Pero en este caso la pregunta es muy distinta: ¿de verdad el kirchnerismo está dispuesto a interpelar en el Senado a un ministro de su propio gobierno? Un ministro que, además, representa su alianza con quien preside la Cámara de Diputados. Porque el pedido de Taiana no sólo va contra el decreto de Fernández, sino también contra su implícita preferencia por la opción que le ofrece el massismo.
Hacer una licitación tanto como, en su defecto, organizar una nueva administración estatal de un servicio es algo que lleva mucho tiempo. Un tiempo del que ya no se dispone.
Esta es otra mala señal económica del Frente de Todos. Sus discusiones internas paralizan la gestión y generan incertidumbre.
A escasas semanas del final de la concesión de un servicio tan importante, nadie sabe quién será el siguiente operador y con qué reglas de juego. Muy preocupante.
