En lo que va del año, el Banco Central ya emitió 670 mil millones de pesos para cubrir el déficit del Tesoro Nacional.
Superó así casi en un ciento por ciento el límite establecido con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que fue de 372 mil millones de pesos para el primer semestre.
Si el número es de por sí preocupante, tengamos presente que ese acuerdo con el FMI está bajo revisión.
¿Qué predisposición a flexibilizar las pautas puede tener un acreedor si constata que el deudor ha incumplido todas las que se habían pactado en su momento?
Sobre todo porque, si se observa en detalle el proceso de la emisión, se advierte que durante enero y febrero no hubo asistencia.
En otras palabras, el Central entregó la totalidad de ese monto entre marzo y el 10 de mayo.
¿Cuánto más pedirá el Gobierno en lo que resta del semestre, o sea un tercio de mayo y todo junio?
Para que se entienda: Argentina había firmado con el FMI un programa en el que se comprometía a limitar la emisión, bajar el déficit y aumentar las reservas.
No fue una simple enunciación de objetivos, sino que, en cada caso, se pautaron cifras concretas.
Pues bien, el Gobierno transgredió los límites impuestos en los tres casos.
Traducido, no bajó el déficit todo lo que debía hacerlo; por lo tanto, recurrió a un exceso de emisión para financiarse, y no pudo recomponer las reservas del Central en las exiguas cantidades que se fijaron. Incumplimiento absoluto.
Mientras tanto, la vicepresidenta Cristina Fernández despotrica contra el FMI y lo acusa de haberle impuesto al Gobierno un programa económico que ha provocado una espiralización de la inflación.
Craso error. Una vez más, la máxima referente del Frente de Todos equivoca el diagnóstico.
La inflación es fundamentalmente un fenómeno monetario. Si el Estado no pudiese emitir dinero para solventar su déficit y, al mismo tiempo, limitara al máximo la posibilidad de emitir deuda, debería ajustar sus gastos en función de sus ingresos.
Si eso ocurriera alguna vez, el plan económico del Gobierno sería más confiable que en la actualidad, más allá del signo ideológico del gobernante de turno y si se lo califica como antimercado o promercado.
Además, no debemos perder de vista que Argentina casi nunca cumplió las metas de los programas acordados con el FMI; y cuando lo hizo, fue por un corto periodo.
En consecuencia, la dirigencia política en su conjunto debiera hacer el razonamiento contrario al que expuso la vicepresidenta y preguntarse, finalmente, si la crónica y alta inflación que padecemos no será consecuencia de que nunca cumplimos el programa económico al que nos comprometemos con el FMI.
Los puntos básicos de ese plan se basan en principios de racionalidad económica y funcionan en casi todos los países del mundo. Y no porque se los haya dictado el FMI. Casi no tienen inflación, crecen y son confiables.
El problema somos nosotros, no la lógica económica.
