La evolución de la pandemia –ahora en una etapa más restrictiva para el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba), donde se concentra el mayor núcleo poblacional del país– colocó en un segundo plano la atención de la grave crisis económica.
La actividad cayó 26,4 por ciento en abril en la comparación interanual, y 17,5 por ciento en relación con marzo, con lo cual protagonizó el mayor derrumbe de la Argentina, según datos oficiales. La reactivación no fue importante en mayo ni en junio.
Sin embargo, no radica allí la única alerta que el Gobierno nacional deberá corregir en este semestre para evitar un colapso que genere una crisis social inmanejable en todo el país.
El déficit primario fue entre enero y mayo de 636.090 millones de pesos y se generó casi en su totalidad durante la pandemia de Covid-19, debido a los requerimientos de los programas asistenciales, como así también por los gastos burocráticos y las pérdidas en diversos organismos del Estado.
Si al rojo primario se suman los pagos de deuda, el déficit total del Estado nacional alcanzó a 898.968 millones hasta mayo. La cifra se expandió el mes pasado, por las razones conocidas.
Al preocupante cuadro que exhiben las cuentas públicas se agrega la situación del Banco Central, cuyo pasivo aumentó en 1,1 billones de pesos.
El presidente Alberto Fernández utilizó durante la campaña electoral el latiguillo de que eliminaría el pago de intereses de las letras de liquidez (Leliq), para destinar ese dinero a incrementar el 20 por ciento de las jubilaciones y para proveer remedios gratis a la clase pasiva. Esto no sucedió, y difícilmente suceda
Para reducir el déficit fiscal, el Gobierno nacional prevé ahora eliminar el pago del ingreso familiar de emergencia (IFE) en todo el país, salvo en el Amba y determinadas regiones de Chaco y de la Patagonia, muy afectadas por el coronavirus.
El Presidente deposita en las provincias, tan exhaustas en sus cuentas como la Nación y sin posibilidad de emitir dinero, la responsabilidad de atender a miles de beneficiarios del IFE o de socorrer a las empresas que no serán favorecidas por el Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP).
Es responsabilidad de Alberto Fernández convocar a todas las autoridades y sectores económicos y sociales para esbozar un plan de recuperación. De algún modo insinuó que hará eso en su discurso del 9 de Julio. Esperemos que lo cumpla.
Es necesario que el Gobierno nacional dé señales claras que despejen la incertidumbre y la desconfianza, lo que permitirá al entramado económico volver a producir y a generar empleo.
